Dos postales. Dos días de diferencia. Una ocurrió en México, la otra rebasa nuestra frontera norte. No son las únicas, pero si algo deja la semana que concluye es la evidencia de que buena parte de la derecha ha elegido, frente a los nuevos tiempos, el desquicie, la provocación y una radicalidad que cada vez reconoce menos límites.
Si alguna vez este bando tuvo entre sus filas a ideólogos, militares o funcionarios conservadores que gozaban de respetabilidad o inteligencia, hoy la mayoría de sus referentes ha convertido la política en un espectáculo de estridencia permanente, donde cualquier recurso contra el adversario parece admisible. La calumnia, la judicialización, la persecución e incluso la violencia física. Para ellos, al parecer, todo se justifica.
La primera postal tuvo lugar en el Senado de la República.
La escena fue tan grotesca como reveladora. Carlos Gutiérrez, diputado federal del PRI y presidente de la Comisión de Juventud, pasó de los insultos a los empujones y terminó sujetando del cuello al morenista Arturo Ávila. No era la primera vez. Ya había participado en la trifulca en la que Alejandro Moreno agredió a Gerardo Fernández Noroña.
Después, el mismo sujeto aprovechó la exposición mediática para justificar la confrontación y repetir acusaciones contra los “narcopolíticos de Morena”. Que un representante popular normalice semejante conducta dice bastante sobre quienes han optado por sustituir el debate por la agresión indiscriminada.
La segunda postal no tuvo golpes ni gritos, pero resulta más grave por sus implicaciones. Me refiero a la decisión del gobierno de Donald Trump de retirar la visa a Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena e hijo del expresidente López Obrador.
Hasta ahora, Washington no ha hecho pública ninguna prueba de conducta delictiva en su contra y se ha negado a explicar los motivos. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida como una decisión política y una forma de injerencia.
El contraste regional vuelve inevitable la sospecha. Trump mantiene una estrecha alianza con Nayib Bukele, pese a que el propio Departamento del Tesoro documentó negociaciones entre funcionarios salvadoreños y las pandillas MS-13 y Barrio 18. Y el mismo Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por conspirar para introducir cocaína al país.
Basta un mínimo de honestidad intelectual para advertir la selectividad. Mientras se retira la visa a López Beltrán sin una acusación penal pública en su contra, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra quien existe una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, permanece en Estados Unidos. Alejandro Moreno viaja recurrentemente a Washington mientras enfrenta un proceso de desafuero por acusaciones de peculado y uso indebido de funciones. Y Rubén Moreira, cuyo gobierno en Coahuila estuvo rodeado de graves señalamientos e investigaciones por corrupción, cruza la frontera sin mayores sobresaltos.
Presentar el retiro de una visa como si constituyera una sentencia o prueba de culpabilidad resulta intelectualmente deshonesto. Si existieran elementos suficientes para sostener una acusación pública, ya los conoceríamos. Mientras tanto, queda una medida administrativa de enorme impacto mediático contra una figura relevante del movimiento que gobierna México.
Parecen hechos distintos, pero ambas postales hablan de lo mismo: de una derecha que, dentro y fuera del país, parece cada vez más dispuesta a borrar los límites éticos cuando se trata de combatir al progresismo, a la izquierda o al obradorismo. Llámenle como mejor les parezca.
Lo evidente es que una parte cada vez más amplia de quienes hoy toman las decisiones más importantes desde el conservadurismo está completamente envilecida. Y cada día parece ir a peor.