Retrato hablado: Virgilio Andrade, el abogado que busca “ordenar la casa”
Se comprometió a realizar una profunda revisión de las estructuras de la Secretaría de la Función Pública para revitalizarla y hacer frente a la exigencia de la sociedad contra la corrupción y transparentar las acciones de gobierno

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de febrero.- Eran las ocho de la noche del viernes 6 de febrero. Al final de un largo día de entrevistas, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, respondió el teléfono rojo en su oficina. El presidente Enrique Peña lo llamaba.
Desde que fue nombrado hace seis días, Andrade concedió tal vez más de 80 entrevistas para —ha dicho— explicar cómo, ante la exigencia ciudadana de combatir la corrupción, “el gobierno debe empezar por ordenar la casa”, y la manera en que realizará la investigación para determinar si existió un conflicto de interés en las casas que el Presidente, su esposa y el secretario de Hacienda compraron a empresas contratistas.
Tras la llamada continuó trazando la ruta que seguirá en los días y semanas por venir. Una vez terminado el ciclo de entrevistas con medios de comunicación comenzará a hacer llamadas a académicos, intelectuales y expertos en transparencia para reunirse con ellos e invitarlos a formar parte del panel que emitirá una opinión sobre la resolución que deberá presentar la Secretaría de la Función Pública.
Será un grupo plural, integrado por personalidades de prestigio público”, promete Andrade. Un equipo formado por colaboradores que han estado a su lado hace tiempo trabaja ya en la definición de las características —especificaciones de rigor técnico, procesos y tiempos de trabajo— que tendrá el panel de expertos. Antes, la dependencia revisará los contratos que los particulares establecieron con el gobierno para ofrecerle obras o servicios.
Andrade nació en la colonia Condesa de la Ciudad de México un día de diciembre de 1967, y creció en Tlatelolco, en el edificio Presidente Juárez, en una familia de políticos, maestros y secretarias que por varias décadas se han dedicado al servicio público.
Sus abuelos fueron alfabetizadores en Veracruz y Oaxaca, en la era vasconcelista. Hijo de un veracruzano y una poblana, su niñez transcurrió entre conversaciones políticas.
Tenía 11 años cuando, acompañado por sus padres, escuchó el tercer Informe de gobierno de Luis Echeverría. Uno de los hermanos de su papá, Aureliano Hernández Palacios, fue un abogado veracruzano que llegó a ser magistrado. Otro tío, Rafael Arreola Molina, fue un conocido político en la zona de Tuxtepec.
En Tlatelolco recuerda haber escuchado relatos de las mamás de sus vecinas sobre cómo, la noche del 2 de octubre, se escuchaban ráfagas de disparos hasta el amanecer. La suya era una familia de clase media. Su mamá había vivido entre Puebla, Toluca y la Ciudad de México. Una vez asentada en el Distrito Federal encontró un empleo de secretaria en Hacienda.
Andrade cursó la primaria y la secundaria en una escuela de Lindavista, la preparatoria en la Universidad Latinoamericana de la colonia Del Valle y la universidad en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Estudió una maestría en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de Columbia, en Nueva York.
Entre otros, cargos ha sido secretario técnico y director adjunto de Promoción del Banco Nacional de Crédito Rural y Financiera Rural.
Entre 2003 y 2010 fue consejero del Instituto Federal Electoral. Desde los inicios de la administración peñista se había desempeñado como titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) de la Secretaría de Economía.
Quienes han trabajado con él lo describen como un funcionario disciplinado y riguroso. Él cuenta que creció formado por sus padres en valores de honestidad, respeto y trabajo. Tiene fama de ser un abogado duro, pero conciliador.
De mis padres aprendí muchas cosas, entre las más importantes ser disciplinado y saber escuchar. Para mí, siempre será importante dejar hablar a los demás”, dijo Andrade la noche del viernes 6 de febrero.
Eran las 8 de la noche y no terminaba de dar entrevistas a la prensa sobre su nombramiento y la investigación para determinar si existió un conflicto de interés en la compra de dos inmuebles en Lomas y en Ixtapan de la Sal, así como una casa que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compró en Malinalco.
Una noche antes había acudido a Los Pinos, convocado a una reunión de trabajo, y ahora, en su oficina, contestaba el teléfono rojo para hablar con el presidente Peña sobre el avance de las acciones anunciadas para combatir la corrupción desde la Secretaría de la Función Pública.
Con una carrera política de casi veinte años
Su primer cargo relevante fue la dirección adjunta de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, donde José Antonio Meade se desempeñaba como director general. Después se mudó a Financiera Rural, también con Meade.
En 1994 fue representante suplente del PRI ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), y nueve años después fue designado consejero del IFE.
Fue coordinador de asesores del oficial mayor de la Seretaría de Gobernación y asesor en la misma dependencia durante el periodo de elaboración de las reformas electorales de 1993 y 1996.
También trabajó en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en distintos periodos en la Oficina de la Presidencia de la República, y en las cámaras de Diputados y Senadores entre 2011 y 2012.
En las semanas siguientes a su nombramiento, el nuevo secretario de la Función Pública se concentrará también en la tarea de conformar su equipo de colaboradores cercanos, que tendrá la responsabilidad de coordinar y poner en marcha la investigación ordenada por el presidente Peña.
Andrade formará su primer círculo con colaboradores que han trabajado con él desde sus años en la Secretaría de Hacienda y la Financiera Rural.
En los meses siguientes, de manera paralela a la investigación, Andrade se concentrará en una profunda revisión de las estructuras de la Secretaría de la Función Pública para —dice— revitalizarla y hacer frente a la exigencia ciudadana de combatir la corrupción y transparentar las acciones de gobierno.
Entre las medidas que se pondrán en marcha en los próximos días sobresale la ampliación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, de manera que se incluyan criterios vinculados a conflictos de interés. También se revisarán los códigos de ética y se trabajará en la definición de responsabilidades de los funcionarios relacionados a procesos de contratación de servicios y obras públicas.
El gobierno debe empezar por ordenar la casa”, dice el secretario de la Función Pública. Cree que sí es posible un gobierno apegado a la legalidad y transparente frente a los ciudadanos.
La noche del lunes 2 de febrero Andrade llegó a Los Pinos, convocado a un acuerdo con el Presidente.
Recuerda que al invitarlo a integrarse al gabinete, Peña le dijo que lo necesitaba para construir una agenda sobre temas de corrupción, que incluyera la revisión de los controles en procesos de gobierno.
Provengo de una familia de servidores públicos, y desde luego acepté la invitación de inmediato”, dice el nuevo secretario de la Función Pública.
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