Padres de normalistas piden al Parlamento Europeo investigación de su caso
Los familiares exigieron a la subcomisión de Derechos Humanos del PE realice una investigación independiente de su caso

BRUSELAS, 6 de febrero.— La Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo solicitó destinar una parte de un fondo existente de un millón de euros de la Unión Europea para la cooperación con México en materia de derechos humanos, para la búsqueda de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, así como coadyuvar al esclarecimiento de los hechos ocurridos el 26 de septiembre pasado en Iguala, y solicitar la protección para los padres, familiares y abogados de los jóvenes.
En un encuentro con Hilda Legideño Vargas, madre de unos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Jorge Antonio Tizapa Legideño, y Barnabé Abraján Gaspar, padre de Adán Abraján de la Cruz, los eurodiputados expresaron su solidaridad y apoyo, y pidieron al gobierno mexicano el puntual esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas.
José Blanco, del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, expresó su solidaridad y comprensión por el dolor que viven los padres de los estudiantes desaparecidos. Recordó que el Parlamento Europeo ya expuso su postura a partir de la conmoción que causó “el atroz hecho” y pidió no cerrar el caso mientras hayan dudas sobre lo que sucedió.
“Es probable que para los padres de familia de los estudiantes, el gobierno no haya hecho lo suficiente, pero hay que reconocer que el gobierno mexicano no ha sido impasible, incluso ha compartido parte de la responsabilidad porque el Estado de derecho está funcionando”, destacó.
El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui, presidente de la delegación europea en la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolat), dijo que en Europa se ha hecho conciencia de lo ocurrido en Iguala, por ello reiteró la petición de que el gobierno no dé por cerrado el caso y se concreten todas las líneas abiertas de investigación porque deben quedar “perfectamente aclaradas”.
Al tomar la palabra, el embajador de México ante la Unión Europea, Juan José Gómez Camacho, transmitió a los padres de los estudiantes su solidaridad como mexicano y como padre de familia; dijo sentirse indignado y conmovido ante los hechos.
Destacó que el gobierno ha actuado con contundencia, determinación y claridad ante la magnitud de los acontecimientos, por lo cual, las investigaciones y acciones logradas no tienen precedentes.
Expuso la información que en su momento el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dio a conocer: 99 detenidos que ya enfrentan cargos, entre ellos el exalcalde de Iguala y su esposa, así como uno de los integrantes de Guerrero Unidos; 487 dictámenes periciales, 385 declaraciones y dos reconstrucciones de los hechos; además, están disponibles 85 tonos y 13 anexos a los cuales los familiares pueden tener acceso para su información, aunado a las investigaciones del equipo forense argentino y la participación del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck.
En respuesta a los eurodiputados, Gómez Camacho destacó que el caso no se ha cerrado y “no lo estará hasta que estén los dictámenes de Innsbruck”.
Posteriormente, en rueda de prensa, la eurodiputada Ulrike Lunacek, del Partido de los Verdes, afirmó que es necesario que se investiguen todas las cadenas de mando que pudieran haber intervenido en la desaparición de los estudiantes, “desde el nivel más alto hasta el más bajo”.
El eurodiputado de Izquierda Unida, Javier Couso, reclamó al gobierno federal su compromiso para investigar la desaparición de los jóvenes normalistas, por el involucramiento de diversos actores, por omisión o comisión, tanto en la ejecución como en el encubrimiento.
La eurodiputada ecologista Ska Keller destacó que desde Europa hay mucho qué hacer, por ejemplo, detener el tráfico de armas desde algunos países, como Alemania hacia México, y profundizar el diálogo de seguridad en los diferentes foros y plataformas existentes.
Al igual que en una comparecencia ante el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, en Ginebra, Hilda Legideño Vargas y Barnabé Abraján Gaspar dijeron ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que no pueden admitir que sus hijos están muertos, por lo cual continuarán con su búsqueda; además exigieron una investigación a fondo sobre el gobernador de Guerreo con licencia, Ángel Aguirre, puesto que aseguran está involucrado en la desaparición de los jóvenes.