Juez protege a alcalde Abarca contra captura

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de octubre.- Un juez federal resolvió suspender, de forma provisional, cualquier orden de presentación y localización y cualquier acto con  el que se pretenda privar de la libertad a José Luis Abarca, alcalde con licencia de Iguala.

Justo a unas horas de la muerte de seis personas y de que 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieran en Iguala, Abarca Velázquez solicitó a un juez federal un amparo para evitar ser capturado, al considerar que se le podrían violentar sus derechos humanos protegidos por la Constitución en los artículos primero, 14 y 16.

De acuerdo con el expediente 979/2014, radicado en el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, si el presidente municipal con licencia pretende gozar del beneficio concedido por el impartidor de justicia, deberá pagar un “importe de garantía” por una cantidad de 35 mil pesos.

El juicio de amparo promovido por José Luis Abarca fue tramitado desde el 27 de septiembre, pero aceptado por el juzgado hasta el 6 de octubre es contra cualquier acto en contra suya por parte de la PGR.

“Actos reclamados específicos: orden de localización, búsqueda, presentación y la pretendida detención (privación de la libertad) y su ejecución. Se señalan las nueve horas con 35 minutos del 16 de octubre de 2014 para que tenga verificativo la audiencia incidental y se concede la suspensión provisional”, dicta el acuerdo.

Según la Ley de Amparo vigente, la suspensión concedida a José Luis Abarca no surtirá efectos en caso de que exista una orden de aprehensión en su contra por actos delictivos que sean considerados graves.

Según el procurador Jesús Murillo Karam, hasta este momento no hay una orden de aprehensión contra Abarca o su esposa, pero sí un citatorio para declarar ante el Ministerio Público sobre los acontecimientos de Iguala.

Bicameral llama al Gabinete de Seguridad

Alejando Encinas, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, confirmó que sus integrantes se reunirán en privado con los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el titular del Cisen, Eugenio Ímaz, y es probable que llamen al ombudsman, Raúl Plascencia.

Ayer también la Comisión de Gobernación del Senado integró al grupo especial que trabajará en torno de las investigaciones del caso Ayotzinapa, para que las averiguaciones se realicen con transparencia y se impida que los culpables queden impunes. El grupo estará integrado por Omar Fayad, Fernando Yunes, Armando Ríos Piter y Carlos Alberto Puente.

Este grupo comenzará a trabajar la próxima semana, cuando se pongan de acuerdo cómo se organizarán.

De igual forma, el pleno del Senado modificó a los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que se reunirán con los integrantes del Gabinete de Seguridad para analizar lo ocurrido en Iguala. Sale Manuel Camacho, que está enfermo, y entra Angélica de la Peña.

En conferencia de prensa, Alejandro Encinas recordó que ya tiene antecedentes de lo ocurrido en Guerrero, pues sabe del “desempeño del presidente municipal en la participación, por ejemplo, del asesinato de compañeros nuestros, como Arturo Hernández Cardona, y el secuestro de otros militantes del PRD”.

También dijo conocer “los vínculos con la delincuencia organizada, más ahora que es del dominio público, que la esposa es hermana de los cabecillas del cártel Guerreros Unidos, promovió su ingreso y desarrollo dentro de la estructura de dirección del PRD”.

Explicó que los perredistas “no podemos andar con ambigüedades y evadir nuestra responsabilidad como partido, y mucho menos hacer declaraciones frívolas, como que si se va el gobernador de Guerrero tendría que irse también el de Tamaulipas o el del Estado de México, porque no estamos sujetos a un proceso de negociación, ni de cambios de una gubernatura por otra”.

Consideró que “estamos en uno de los hechos más graves y lamentables en la historia de nuestro país, donde después de muchas décadas, jóvenes estudiantes de una escuela normal rural, gente humilde, ha sido masacrada por policías municipales vinculados con la delincuencia organizada.

“Por eso no basta ofrecer disculpas o pedir perdón —en referencia a Carlos Navarrete, presidente del PRD. Hay que deslindar responsabilidades y hay que limpiar la casa.

“El gobierno del estado también debe rendir cuentas, el gobernador, el procurador de justicia, el Congreso deben informar por qué no se ejerció acción penal alguna, conociendo de denuncias de delitos que se persiguen de oficio, particularmente delitos graves como vínculos con la delincuencia organizada y el caso del homicidio de militantes perredistas de los cuales hubo denuncia expresa”.

Añadió que “el gobierno federal también tiene que informar de sus omisiones, porque teniendo conocimiento la Secretaría de Gobernación y la PGR y el Centro de Información de Seguridad Nacional (Cisen), quien ha reconocido que tenía información de los vínculos de Abarca con la delincuencia organizada, no intervino.”