La fiscalía de Estados Unidos está acusando al gobernador de Sinaloa (con licencia), Rubén Rocha, al senador Inzunza, al alcalde de Culiacán (con licencia) y siete funcionarios más de asociarse con el cártel de ese estado. La Presidenta no se ha cansado de pedir pruebas antes de detenerlos y extraditarlos.
Las pruebas llegarán y sospecho que serán muchas y contundentes.
Porque dos hijos del Chapo Guzmán (Joaquín y Ovidio) ya están procesados en Estados Unidos y se encuentran cooperando con los fiscales proveyendo información incriminatoria.
Porque de los 92 narcotraficantes que México expulsó a Estados Unidos, sin respetarles su derecho a una debida extradición, ya algunos están cooperando a cambio de conseguir menores condenas o mejores condiciones carcelarias.
Y porque dos de los diez inculpados más recientemente por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York —el general en retiro Gerardo Mérida (exsecretario de Seguridad de Sinaloa) y Enrique Díaz (exsecretario de Finanzas de ese mismo estado)— ya se entregaron en Estados Unidos con la intención de cooperar.
Los fiscales federales del vecino del norte son muy duchos y, cuando se trata de casos relacionados con el crimen organizado, siempre acusan a varias personas a la vez para que alguno salga corriendo a cooperar. El primero que llega “a cantar” es el que recibe el mejor trato en la negociación.
Y es que el sistema penal estadunidense se basa, precisamente, en la negociación. Entre 90 y 95% de los casos nunca llegan a juicio porque se resuelven por esta vía.
El método es sencillo y eficaz.
La Fiscalía presenta cargos en contra de una persona por múltiples delitos, algunos muy graves, con penas potencialmente enormes. Eso genera presión sobre el acusado. A continuación, la defensa y la Fiscalía negocian. El fiscal puede reducir los delitos o recomendar una pena menor a cambio de que el inculpado se declare culpable y acepte no ir a juicio.
Luego están los acuerdos de cooperación. Si el indiciado proporciona información, testifica y/o ayuda a procesar a otros acusados, sobre todo criminales de mayor jerarquía, puede recibir reducciones importantes en su condena.
El juez revisa el acuerdo, verifica que sea voluntario y tiene la jurisdicción de aprobarlo o rechazarlo, aunque casi siempre los aceptan.
Los acuerdos de cooperación son muy comunes en los delitos de narcotráfico, crimen organizado, corrupción, fraude financiero, conspiración, terrorismo y lavado de dinero. Los fiscales suelen comenzar con “peces menores” de las organizaciones delictivas para allegarse de información y pruebas de los “peces mayores”.
Cuando viví en Nueva York me tocó ver cómo la Fiscalía federal logró la convicción del jefe de la mafia de esa ciudad, John Gotti. La pieza clave fue Salvatore Gravano, uno de los lugartenientes de la familia Gambino, cuyo capo era Gotti.
Los Gambino controlaban el crimen organizado en Nueva York. Con unas grabaciones, el FBI inculpó a Gravano de múltiples homicidios y solicitó la pena de cadena perpetua. Acorralado, Gravano llegó a un acuerdo de cooperación. Se declaró culpable de 19 asesinatos y testificó contra Gotti. A cambio, le dieron sólo cinco años de prisión. Su testimonio fue toral para que el jurado declarara culpable a Gotti, quien fue condenado a cadena perpetua.
La lógica de la justicia penal estadunidense es que, para destruir organizaciones criminales complejas, se necesita de la cooperación de insiders que provean información y testifiquen en contra de líderes superiores.
Este sistema no está exento de críticas. Los cooperantes suelen exagerar, inventar y/o adaptar testimonios para obtener beneficios.
En el juicio de Genaro García Luna, la Fiscalía estadunidense utilizó varios testigos cooperantes, la mayoría exmiembros del narcotráfico mexicano que habían sido detenidos, extraditados o condenados en Estados Unidos. Aunque la Fiscalía no presentó evidencia física directa y la defensa de García Luna rechazó el testimonio de los criminales, el jurado les creyó y declaró culpable al exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón.
La 4T, comenzando con el presidente López Obrador, lo celebró a más no poder. A García Luna lo agarraron como caballito de batalla para demostrar la corrupción en los gobiernos pasados.
Ahora les tocó a ellos.
Estamos viendo cómo la 4T defiende a Rocha, incluyendo la Presidenta, porque tienen miedo de que algún día el gobernador de Sinaloa llegue a Nueva York y coopere con la Fiscalía a cambio de una menor pena. Tendría que entregar información sobre “peces más gordos” que él. O como los caracterizó el propio Rocha cuando se enteró de que lo estaban acusando: de los “emblemáticos liderazgos” del movimiento. Ya saben quién.
X: @leozuckermann