El gobierno mexicano está perdiendo este capítulo no por lo que dice, sino por la cancha en la que decidió jugarlo. Mientras Washington construye expedientes y publica calendarios desde el Distrito Sur de Nueva York, Palacio Nacional repite, como letanía cansada, que pide pruebas. Con Gerardo Mérida en una celda de Brooklyn y Enrique Díaz Vega reportado detenido en Europa, la fórmula “pruebas, siempre” ha dejado de ser postura digna y se ha convertido en vulnerabilidad. Cada mañanera que insiste en lo mismo es una concesión al adversario que ya tomó la iniciativa.
La pregunta correcta no es si las acusaciones tienen sustento jurídico bilateral suficiente, sino qué doctrina conviene a México frente a un aparato judicial estadunidense que procesa a funcionarios mexicanos en tiempo real. La respuesta es brutalmente sencilla: si México no procesa a sus propios funcionarios corruptos, Estados Unidos lo hará por nosotros, y cada caso que ellos lleven a sentencia y que México no haya iniciado siquiera, es una derrota de soberanía disfrazada de defensa de soberanía. La asimetría actual —Washington acusa, después la UIF congela cuentas— es la peor secuencia posible. Tiene que invertirse.
En operativo son cuatro movimientos urgentes: que la FGR abra una investigación formal contra los diez señalados en el expediente neoyorquino para procesarlos primero o en paralelo; que se facilite el desafuero del senador Enrique Inzunza, porque permitirle la curul mientras enfrenta una acusación formal por narcotráfico en una corte federal estadunidense es una bomba reputacional de tiempo; que Morena inicie la expulsión de Rocha antes de que una sentencia ajena obligue a hacerlo por la vía vergonzosa; y una intervención federal explícita en la seguridad de Sinaloa. Conviene acompañar todo eso con un paquete legislativo fast-track —antilavado, extinción de dominio, transparencia patrimonial obligatoria para gobernadores, alcaldes y mandos policiales— porque esto es también un evento de mercado: la prima de riesgo soberano se amplía cada semana sin acción visible.
Doce llamadas con Trump en pocos meses no son señal de buena comunicación; son síntoma de ausencia de arquitectura. Falta un canal estructurado, Velasco-Rubio o equivalente, con entregables trimestrales en ambos lados de la línea. Eso le quita a Washington el monopolio del calendario. El asunto de los agentes de la CIA en Chihuahua debe manejarse en mesa separada: confundirlo con el caso Rocha beneficia al lado que empuja.
El cálculo político honesto es éste: o la Presidenta sacrifica controladamente al grupo de Rocha y la estructura sinaloense que llevó a Morena al poder en ese estado o el sacrificio se le impondrá desde fuera, sin control y con costos mayores. Perder Sinaloa es doloroso, no terminal. Lo terminal sería que la Presidencia se enrede en una defensa que la arrastre al perímetro del expediente. Cuando el director de la DEA dijo que esto “es sólo el comienzo”, no hacía retórica: publicaba un calendario. Si lo sigue escribiendo Washington, México pierde. Si lo empieza a escribir la FGR, conserva margen.
La estructura que produjo el caso Rocha es la sustancia de buena parte del federalismo mexicano contemporáneo, y desmontarla significa romper alianzas de las que el propio gobierno depende. Por eso se hará menos de lo que debería y se pagará el precio en abonos. Lo estratégico es adelantar el costo y convertirlo en moneda de negociación. Lo demás es ilusión.
Actuar antes que Washington, acusar antes que la DEA, congelar antes que la OFAC, expulsar antes que la sentencia ajena obligue. Ésa es la única ruta por la que el gobierno mexicano recupera la pluma. La ventana es estrecha y se está cerrando con cada hora que la mañanera repite que faltan pruebas mientras un general mexicano ya duerme en Brooklyn.