Trump reanuda la deportación a terceros países; golpe a los migrantes
La Corte Suprema permite reanudar este tipo de expulsiones, al tiempo que evalúa la legalidad de la política impulsada por la administración Trump
WASHINGTON.— La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que la administración del presidente Donald Trump reanudara la deportación de migrantes a países distintos al suyo sin ofrecerles la oportunidad de demostrar los daños que podrían enfrentar, reforzando una herramienta que su administración ha utilizado para expulsiones rápidas como parte de su represión migratoria.
El tribunal concedió la solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para suspender el fallo del juez federal Brian Murphy, con sede en Boston, que declara ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional de deportar migrantes a los llamados “terceros países”. El tribunal también acordó escuchar los argumentos en la disputa en diciembre, tras lo cual se emitirá un fallo formal sobre dicha política.
El tribunal tiene una mayoría conservadora de seis a tres. Sus tres magistrados liberales discreparon de la decisión de permitir que las deportaciones se reanuden de inmediato a la espera del resultado final del litigio.
El fallo de Murphy se produjo en una demanda colectiva presentada por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes en nombre de los migrantes que buscaban impedir que el gobierno estadunidense los enviara a terceros países sin previo aviso.
Según un recuento realizado por grupos de derechos humanos, más de 25 mil migrantes han sido deportados a 29 países en virtud de la política implementada el año pasado, y la gran mayoría ha sido destinada a México.
Esta política es una de las diversas medidas que la administración ha tomado para lograr el objetivo de Trump de deportar masivamente. El presidente republicano ha intensificado la represión contra la inmigración —una de sus principales prioridades— desde que regresó al cargo, el año pasado.
La administración ha llevado a cabo deportaciones a terceros países, concretamente a Sudán del Sur, un país políticamente inestable que el Departamento de Estado de EU insta a los estadunidenses evitar debido a los riesgos de delincuencia, secuestro y conflicto armado, así como a Uganda , Guinea Ecuatorial , Liberia o la República Centroafricana.
El asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, celebró la decisión del tribunal.
“Un mal día tanto para los delincuentes ilegales como para los activistas a favor de las fronteras abiertas”, escribió Percival en las redes sociales.
Trina Realmuto, abogada de los demandantes de la Alianza Nacional de Litigios sobre Inmigración, declaró que el tribunal ha permitido que la administración reanude el envío de personas a terceros países donde corren el riesgo de ser perseguidas o torturadas. Esto representa un resultado devastador para las personas que podrían ser subidas a un avión sin previo aviso ni oportunidad de presentar una reclamación.
En febrero, Murphy dictaminó que la política viola los procedimientos de la ley de inmigración y las garantías procesales.