Hay una pregunta que Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo y Lorenzo Córdova deberían responder antes de anunciar una crisis del árbitro electoral: ¿qué cambió en los procedimientos del INE para que aquello que consideraban válido cuando ocupaban cargos en el organismo hoy sea presentado como señal de una elección en riesgo?
Buena parte de la organización electoral sigue una ruta conocida desde la creación del INE en 2014. Las áreas técnicas preparan los asuntos, las comisiones los examinan y el Consejo General delibera y vota. Los planes y calendarios fijan actividades, plazos y responsables; después vienen los informes de seguimiento. Así se organizaron elecciones durante la gestión de quienes ahora cuestionan la capacidad del instituto para conducir el proceso del 2027.
Tampoco es nuevo que haya desacuerdos entre consejerías. El Consejo General no fue concebido para votar siempre por unanimidad. Bajo la presidencia de Lorenzo Córdova hubo decisiones aprobadas por mayoría de votos en contra y debates intensos. Los acuerdos se adoptaban y el Instituto continuaba con sus tareas. ¿Por qué una mayoría era expresión del funcionamiento colegiado entonces y hoy se invoca como indicio de una “autoridad capturada”?
La Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen las atribuciones del INE. Una consejería puede disentir, un partido puede impugnar y un tribunal puede corregir una decisión. Ninguna de esas vías convierte por sí misma al Consejo General en un órgano incapaz de organizar elecciones. El desacuerdo forma parte del sistema; la obligación de cumplir los acuerdos válidos también.
Por eso llama la atención el salto de la crítica puntual al pronóstico de fraude. Si hay una actividad retrasada, un control omitido o una resolución contraria a la ley, deben señalarse con precisión. Lo que no se puede pedir a la ciudadanía es que dé por cierta, antes de votar, una falla general del árbitro a partir de la composición de una mayoría que no comparte las posiciones de antiguos funcionarios.
El proceso electoral del 2027 tiene una ruta pública. El Plan Integral y Calendario Federal reúne 505 actividades, con procedimientos, responsables y plazos que permiten revisar el trabajo del INE. Ese calendario no exime al instituto de rendir cuentas: le impone hacerlo. El avance debe juzgarse con informes y documentos, y cualquier incumplimiento debe explicarse y corregirse.
Baños, Jacobo y Córdova conocen mejor que muchos el valor de esa continuidad institucional. Su experiencia puede enriquecer el escrutinio del proceso. Pero si la conclusión es que ahora las mayorías vuelven ilegítimo al árbitro o que los procedimientos de siempre anuncian un fraude, les corresponde explicar dónde está el cambio y mostrar las pruebas.
La confianza electoral no exige unanimidad ni silencio frente a los errores. Exige reglas aplicadas, decisiones revisables y resultados verificables. Sembrar desde ahora la idea de que sólo será limpia una elección cuyo desenlace satisfaga a ciertos actores políticos, daña precisamente aquello que dicen defender.
IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD PRIVADA
Un organismo que ha trabajado para profesionalizar e, incluso, proponer una Ley de Seguridad Privada en el país, ha sido ASUME (Agrupaciones de Seguridad Unidas por México) que preside Armando Zúñiga Salinas. Hace unos días se presentó el libro La seguridad privada en el Estado mexicano, coordinado por el propio Zúñiga, Carlos Matute, investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, y Jaime Domingo López, presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial. Ahí se destaca que las empresas de seguridad privada son auxiliares de la seguridad pública; la seguridad de una nación no puede entenderse como una responsabilidad exclusiva del gobierno y las policías, sino que forma parte de un mismo ecosistema que debe operar de manera coordinada.