¿Qué es lo que termina uniendo a Andy López Beltrán, Jorge Amílcar Olán y Adán Augusto López en las investigaciones que tienen en su contra en Estados Unidos? No es sólo la política ni su mutuo origen tabasqueño: todo va mucho más allá, incluso que los negocios, y pasa por las presuntas relaciones que los tres tienen con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El New York Times publicó ayer que dos agencias estadunidenses están investigando por crimen organizado y contrabando de combustible a Andy López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador. Al tiempo que se confirmó que Jorge Amílcar Olán, luego del reportaje de Irving Pineda, en Azteca Noticias, se fugó de Lugano, Suiza. Ayer mismo, Andrea Chávez, uno de los personajes más cercanos a Adán Augusto López, perdió la precandidatura para Chihuahua, en la que tanto Andrea como Adán habían invertido enormes recursos materiales y políticos. Son, en la superficie, eventos distantes uno de los otros, pero sus puntos de contacto son muchos.
Andy López Beltrán y Adán Augusto López están relacionados con el CJNG por la trama de contrabando de combustible en la que están involucrados los hermanos Farías y el exsecretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, además de funcionarios políticos, de seguridad, de Marina y de Aduanas. Una trama que inició desde las relaciones que todos ellos mantuvieron con Sergio Carmona, El Rey del Huachicol, que fue asesinado en noviembre de 2021, cuando se supone que Carmona y su hermano Julio, luego de financiar las campañas de Morena en las elecciones de hace seis años, comenzaron contactos con la DEA. Después del asesinato, Julio, que había sido director de la aduana de Nuevo Laredo, se entregó en Estados Unidos y colabora con la agencia antidrogas. En toda esa trama, potenciada después de la muerte de Carmona desde el propio poder, participan empresas fachada del CJNG, según la justicia de Estados Unidos, como han reconocido autoridades mexicanas.
Adán y Andy también están relacionados por vía del cártel de La Barredora, que encabezaba Hernán Bermúdez. La Barredora era una franquicia del CJNG durante el gobierno de Adán en Tabasco y ambos, lo mismo que Olán, hicieron múltiples negocios con el entonces secretario de Seguridad del estado, que era al mismo tiempo líder del cártel. Uno de esos negocios era el robo de combustible a Pemex, que era entregado a los grupos de Tamaulipas que lo enviaban a Estados Unidos para ser refinado y reingresado a México en forma ilegal. Esos son delitos que están bajo investigación estadunidense.
Jorge Amílcar Olán, además todos los negocios realizados a la vera de Andy y Gonzalo López Beltrán, tiene una grabación con su hermano Luis en la que reconoce que está relacionado con el CJNG en Veracruz y que es amigo del líder del cártel en la entidad, con el que está negociando no ser molestado por sobornos y extorsiones en la entidad.
Hay que recordar un dato clave. El CJNG es considerado una organización terrorista, y todos aquellos que tengan relación con la misma son considerados sus beneficiarios y pueden tener las mismas o similares penas que los integrantes directos de esa organización criminal. Todo en el marco de amplias medidas discrecionales de la justicia estadunidense para combatir el terrorismo.
Andrea Chávez, en este contexto, no podía ser la candidata de Morena en Chihuahua porque está directamente ligada a esta trama, tanto por su relación con Adán y otros personajes del movimiento, como también por la que mantuvo con el operador financiero de Adán Augusto, Fernando Padilla Farfán, cuya empresa proporcionó e implementó las costosas unidades móviles médicas (denominadas caravanas de la salud) rotuladas con la imagen de la legisladora morenista para promover su posicionamiento político en Chihuahua. Las empresas de Padilla Farfán recibieron contratos gubernamentales por más de 2 mil millones de pesos en los estados de Tabasco y Chiapas, administraciones estrechamente vinculadas al clan Tabasco de Adán Augusto López y La Barredora.
Al mismo tiempo, en otra notoria vertiente de la narcopolítica, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó ayer que sancionó a casi 50 objetivos que sirven como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa en Baja California. Las 21 personas y 25 entidades designadas incluyen al líder del cártel, Ismael Zambada Sicairos (El Mayito Flaco, hijo y sucesor de El Mayo Zambada), miembros de su círculo más íntimo y los líderes del cártel con sede en Tijuana y Mexicali, entre ellos los llamados Rusos, los lavadores de dinero y los políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad en el estado fronterizo con Estados Unidos.
Entre los sancionados, además de El Mayito Flaco, se encuentra Hildegardo Gastelúm García, Aldo, un importante operador de El Mayito y dueño de una cadena de hoteles en Culiacán; los hermanos Jorge Luis y Francisco Javier Mendoza Uriarte, líderes en Baja California del Cártel; Francisco, además, era el secretario particular de El Mayo Zambada. En la larga lista de colaboradores del cártel señalados por la OFAC están Juan José Ponce Félix, líder de los Rusos, y destaca Carlos Alberto Torres, hasta hace unas pocas semanas esposo de la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila. Es una radiografía crucial del crimen organizado y de la narcopolítica relacionada con el cártel de Los Mayos en Baja California y Sinaloa. Las vinculaciones políticas son inabarcables.