Un embarazo en una niña o adolescente no debería ocurrir. Sin embargo, sigue sucediendo en nuestro país, mientras el Estado mexicano continúa fallándoles a estas menores de edad, víctimas de violencia sexual, cuyos derechos no fueron protegidos. Los datos que da el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) son alarmantes y deberían causar vergüenza: 7 mil 887 niñas fueron madres durante 2025, cifra que, en promedio, equivale a que cada día 22 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz; 22 niñas cuyas infancias fueron interrumpidas.
Sí, coincido con este organismo de la Secretaría de Gobernación en que estos hechos de fecundidad forzada deberían atenderse como una emergencia nacional. Pero lo cierto es que no se han tenido los suficientes recursos ni las voluntades gubernamentales para echar a andar una estrategia que ayude a tener cero casos de embarazos infantiles en nuestro país.
Hay que recordar que México ocupa el primer lugar en embarazos en adolescentes entre los Estados miembros de la OCDE desde, al menos, 2005. Es decir, México se ha mantenido con altas tasas de embarazo infantil y adolescente durante varios años. Durante 2024, se registraron en promedio siete mil 975 nacimientos por parte de niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años de edad. 10 años atrás, en 2014, esta cifra se ubicó en 6 mil 385 nacimientos en este mismo grupo de edad.
Si bien en los últimos dos sexenios se ha visto una disminución de casos, lo cierto es que las cifras siguen siendo una emergencia nacional, que no tendrá éxito si no hay recursos y voluntades para frenar este problema social.
Un embarazo a edades infantiles puede ocasionar serios problemas médicos tanto para la mamá como para el bebé. Además de que truncan su desarrollo personal, educativo y social. A este panorama hay que sumarle que muchas de estas niñas y adolescentes son forzadas a unirse en matrimonios con hombres mayores de edad.
El sábado pasado fue el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes y, en ese marco, los Sistemas de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes firmaron un manifiesto para ponerle un alto al embarazo infantil y anunciaron una estrategia de cambio cultural y social. Estas instituciones anunciaron que irán a los municipios donde hay uniones forzadas entre niñas y hombres mayores de edad, y a donde se otorga impunidad a los agresores, para convertirlos en territorios protectores de los derechos de la infancia. La presente administración va por la erradicación del embarazo infantil. Ojalá que sí lo logre, porque no debería haber niñas mamás, sino niñas que disfruten su infancia, que vayan a su escuela y que cumplan sus sueños.
ABATELENGUAS
Hay un problema actual que tiene preocupada a la industria farmacéutica: la falsificación de medicamentos. Al respecto, Érika Quevedo, directora de la AMIIF, adelantó que se elabora un estudio antropológico-social para poder entender por qué un mexicano opta por comprar medicamentos en el comercio informal. Una vez teniendo los resultados, dijo la líder farmacéutica, se lanzará una campaña de información a la población. En la parte jurídica, Quevedo menciona que ya se trabaja con la FGR para frenar este delito.
BAJO EL MICROSCOPIO
Concluyó la compra consolidada de medicamentos e insumos 2027-2028, con una inversión de 84 mil mdp, pero ahora falta la parte más importante, que es donde la Secretaría de Salud y Birmex han tenido más problemas: la distribución de millones de piezas médicas en clínicas y hospitales públicos del país.
Las autoridades de salud han advertido que tendrán un seguimiento puntual al cumplimiento de los contratos firmados con los proveedores, para que la medicina llegue a manos de los pacientes. Bien, pero ¿quién vigilará también que les sea pagado a tiempo a los laboratorios? Son más de tres años desde que desapareció el Insabi y las secretarías de Hacienda y Salud, respectivamente, adeudan 6 mil mdp al sector farmacéutico. “Y luego, ¿por qué se quejan de incumplimientos?”.