¿Qué pasó con la guerra arancelaria de Trump?

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump reactivó de inmediato su agenda comercial proteccionista, retomando la política arancelaria como uno de los ejes centrales de su segundo mandato. A diferencia de su primera presidencia, en esta nueva etapa el enfoque no se presentó como una respuesta coyuntural, sino como una estrategia estructural para redefinir la relación comercial de Estados Unidos con el resto del mundo, particularmente con China.

En sus primeras semanas en el cargo, Trump firmó órdenes ejecutivas para revisar todos los acuerdos comerciales vigentes y evaluar la imposición de nuevos aranceles bajo el argumento de seguridad nacional y protección a la industria estadounidense. La Casa Blanca confirmó que el objetivo era reducir la dependencia de importaciones extranjeras, incentivar la manufactura interna y corregir lo que el presidente calificó como “décadas de abuso comercial”.

Durante 2025, el gobierno de Trump restableció y amplió aranceles al acero y aluminio, elevando las tarifas hasta un 25 por ciento para varios países, incluidos algunos aliados estratégicos. La medida fue justificada como necesaria para proteger empleos industriales, aunque generó tensiones con la Unión Europea, Canadá y Corea del Sur, que solicitaron consultas formales ante la Organización Mundial del Comercio.

China volvió a ocupar el centro del conflicto. En el segundo semestre de 2025, la administración Trump anunció incrementos selectivos de aranceles a productos tecnológicos chinos, especialmente en sectores considerados estratégicos como semiconductores, baterías y componentes electrónicos. Aunque no se aplicó un arancel generalizado a todas las importaciones, el gobierno dejó claro que mantenía abierta esa posibilidad como herramienta de presión.

A diferencia del primer mandato, en esta etapa Trump encontró un escenario global más fragmentado. Las cadenas de suministro ya se habían reconfigurado parcialmente tras la pandemia y la guerra comercial previa, lo que redujo el impacto inmediato de algunos aranceles, pero aumentó los costos para consumidores y empresas estadounidenses, según datos del Departamento de Comercio y análisis de la Reserva Federal.

En paralelo, el gobierno impulsó incentivos fiscales y subsidios para empresas que relocalizaran su producción en territorio estadounidense. Trump presentó esta política como una combinación de “aranceles duros y estímulos internos”, buscando reforzar el mensaje de soberanía económica. Sin embargo, economistas han advertido que estas medidas también presionaron la inflación durante 2025 y limitaron la competitividad de exportadores estadounidenses.

Para enero de 2026, la guerra de aranceles en el segundo mandato de Trump no se ha cerrado ni escalado de forma total, pero se mantiene como una política activa y deliberada. No existen nuevos acuerdos comerciales amplios y las negociaciones bilaterales avanzan lentamente, marcadas por la desconfianza y el uso recurrente de amenazas arancelarias como mecanismo de negociación.

Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la OMC han señalado que el retorno del proteccionismo estadounidense bajo Trump ha contribuido a un entorno de mayor incertidumbre económica global. Aun así, la Casa Blanca sostiene que los aranceles son una herramienta legítima para defender los intereses nacionales.

En su segundo mandato, Donald Trump no solo retomó la guerra de aranceles: la institucionalizó como parte central de su política económica, dejando claro que, al menos hasta 2026, el libre comercio ya no es una prioridad para Estados Unidos bajo su liderazgo.