La ONU concluyó que Birmania cometió genocidio contra los rohinyás
El fallo ordena el regreso seguro y voluntario de los rohinyás, la investigación de sospechosos y el pago de indemnizaciones.

Birmania cometió un genocidio contra la minoría musulmana rohinyá, concluyó este jueves el máximo tribunal de la ONU, en un veredicto histórico que establece el regreso seguro y voluntario de los refugiados a sus hogares y el pago de indemnizaciones.
Es la primera vez en los 80 años de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, que sus jueces establecen que un Estado cometió un genocidio.
Un veredicto histórico en La Haya
Durante tres horas, el tribunal expuso pruebas abrumadoras de las atrocidades cometidas por Birmania contra esta minoría mayoritariamente musulmana en el marco de una represión brutal en 2017, que obligó a cerca de 750 mil rohinyás a huir hacia el vecino Bangladés.
El presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, fue tajante al leer la sentencia.
Birmania ha cometido un genocidio contra el grupo de los rohinyás en el norte del estado de Rakáin violando sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio", dijo Iwasawa.
El juez precisó que las fuerzas de seguridad birmanas mataron a unos 10 mil rohinyás, perpetraron violencias sexuales generalizadas contra las mujeres y ejercieron violencia extrema sobre los niños. Las aldeas fueron destruidas de forma sistemática y sus habitantes, reemplazados por poblaciones no rohinyás, señaló la CIJ.
La Corte concluyó que la única deducción razonable es que Birmania tenía la intención de destruir a esta población, un criterio determinante para calificar los hechos de genocidio.
Los jueces ordenaron a Birmania permitir y facilitar el regreso, con total seguridad, voluntario y con dignidad, de quienes han huido de la violencia. También le exigieron investigar y sancionar a cualquier sospechoso de genocidio, y pagar indemnizaciones cuyo monto se fijará posteriormente.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el pronunciamiento e instó a Birmania a garantizar que se cumpla el retorno de los desplazados.
Entre el llanto y las dudas de cumplimiento
En Cox's Bazar, convertido en el mayor campamento de refugiados del mundo, los desplazados rohinyás en Bangladés siguieron las deliberaciones en una pantalla gigante, y algunos rompieron a llorar cuando se anunció la decisión.
Mohamed Osman, de 20 años, espera que el veredicto le permita regresar a casa y realizar los ritos funerarios por sus padres y su hermano pequeño, muertos a manos del ejército birmano.
"A mi padre le dispararon, obligaron a mi madre a entrar en una casa con algunas otras mujeres, las violaron y quemaron nuestra casa", contó Osman a la AFP.
Una rohinyá de 23 años que fue violada habló con la AFP bajo anonimato.
Quiero justicia", dijo la sobreviviente. "Debería haber un castigo severo para quienes violaron a las mujeres", añadió.
Aunque sus decisiones son vinculantes e inapelables, la CIJ carece de medios para hacer cumplir sus veredictos, y queda por ver si los dirigentes birmanos las acatarán. En cualquier caso, la sentencia ejerce presión política sobre Birmania y su líder, Min Aung Hlaing.
Min Aung Hlaing estuvo al mando de las fuerzas armadas durante la represión y luego derrocó, en un golpe de Estado en 2021, al gobierno electo de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su esperanza en una justicia futura.
"(...) punto de inflexión para que se haga justicia para los rohinyás y todo el pueblo de Birmania", declaró Türk.
La reacción estadunidense refleja la incomodidad de Washington, que denuncia la politización de la CIJ.
Es primordial interpretar correctamente la Convención sobre el Genocidio, del mismo modo que es esencial impedir la politización de la CIJ", declaró a la AFP un responsable del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.
El caso podría sentar un precedente para la demanda de Sudáfrica ante la CIJ, que acusa a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza. Fue llevado ante la CIJ en 2019 por Gambia, que sostiene que la represión birmana infringe la Convención de la ONU sobre el Genocidio de 1948.
Los supervivientes denuncian violaciones en grupo, ejecuciones masivas y actos crueles hacia familias y niños. Birmania siempre ha negado las acusaciones y asegura que la represión estaba justificada para sofocar la insurrección rohinyá, tras ataques que costaron la vida a una decena de miembros de las fuerzas de seguridad.
La CIJ no es el único tribunal que se ocupa de posibles crímenes contra los rohinyás. En 2024, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó una orden de arresto contra el líder de la junta birmana por presuntos crímenes de lesa humanidad, y también hay un procedimiento en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal.