Influencers demandan a Israel por no pagarles la propaganda sobre invasión a Gaza
Influencers demandan a Israel por campañas de propaganda sobre Gaza que no fueron pagadas.
La disputa no se libra solo en el terreno militar ni en los foros diplomáticos. También se desarrolla en pantallas, algoritmos y audiencias globales. En ese frente, ahora emerge una grieta incómoda: influencers, activistas y empresas mediáticas acusan a Israel de haber financiado campañas de propaganda para justificar su invasión en Gaza… y luego no pagar por ellas.
Las demandas, que suman millones de dólares, no solo reclaman deudas económicas. Exponen con inusual claridad el funcionamiento de un sistema de comunicación política que, lejos de limitarse a la diplomacia tradicional, habría recurrido a creadores digitales y estructuras privadas para moldear la narrativa internacional sobre la guerra.
Propaganda israelí: blanqueamiento de una invasión
Los procesos judiciales se dirigen contra la maquinaria de comunicación internacional vinculada al gobierno israelí, conocida como hasbará, una estrategia diseñada para influir en la opinión pública global. De acuerdo con los demandantes, esta red no operó únicamente con voceros oficiales, sino que integró a influencers, activistas y productoras como extensiones informales del Estado.
Tras el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, la respuesta israelí incluyó una invasión comunicacional paralela. Según los testimonios recogidos, decenas de contratistas fueron reclutados con rapidez ante la falta de personal institucional. Muchos no tenían vínculos formales con el gobierno, pero recibieron encargos concretos: producir contenido, organizar campañas, intervenir en debates públicos y contrarrestar narrativas críticas.
El esquema funcionó mediante intermediarios privados. Empresas de comunicación se convirtieron en canales de pago para quienes participaban en la defensa discursiva de Israel en el extranjero. Sin embargo, ese modelo —descrita por los propios involucrados como “caótico”— derivó en compromisos incumplidos.
Entre los casos más relevantes figuran compañías que organizaron campañas en Europa, instalaron estudios para entrevistas de alto nivel —incluidas apariciones del primer ministro Benjamin Netanyahu— y financiaron traslados de activistas a La Haya para contrarrestar protestas pro-palestinas.
El punto de quiebre no es menor: quienes participaron en estas iniciativas sostienen que no actuaban como simples simpatizantes, sino como actores contratados dentro de una estrategia de propaganda financiada con recursos públicos.
La guerra de Israel por controlar la narrativa
El conflicto judicial abre una ventana poco habitual sobre el rol de la comunicación en contextos bélicos contemporáneos. Más allá de las cifras —que incluyen presupuestos de cientos de millones de shekels destinados a diplomacia pública—, lo que emerge es una arquitectura compleja donde la propaganda ya no se distingue fácilmente del contenido orgánico.
La participación de influencers introduce un elemento clave: credibilidad. A diferencia de los canales oficiales, estas figuras operan en espacios donde la audiencia percibe autenticidad. Su incorporación a campañas estatales sugiere un intento deliberado de desdibujar la frontera entre opinión personal y mensaje institucional.
El caso del exvocero Eylon Levy ilustra esta dinámica. Aunque reconoce pagos pendientes, decidió no sumarse a las demandas, pero ha continuado difundiendo contenidos alineados con la narrativa israelí. Su papel refleja cómo estas redes pueden persistir incluso fuera de estructuras formales.
Al mismo tiempo, el gobierno israelí ha reconocido “irregularidades” en los procesos de contratación, sin negar el despliegue masivo de recursos para sostener su posición internacional frente a acusaciones de crímenes de guerra.
En paralelo, figuras como Amichai Chikli han impulsado campañas dirigidas a universidades y espacios de debate en Estados Unidos, ampliando el alcance de estas estrategias más allá de los medios tradicionales.
El trasfondo es más profundo que un conflicto contractual. Las demandas plantean preguntas sobre la legitimidad de financiar narrativas en contextos de guerra, el uso de recursos públicos para influir en audiencias extranjeras y la responsabilidad de quienes participan en estos procesos.
Si los tribunales avanzan, el caso podría sentar un precedente inédito: no sobre propaganda en sí misma —una práctica histórica—, sino sobre su transformación en la era digital, donde los intermediarios ya no son únicamente medios, sino individuos con capacidad de movilizar percepciones a escala global.
El conflicto no solo redefine alianzas geopolíticas. También obliga a revisar quién construye la verdad en tiempos de guerra… y cuánto cuesta sostenerla.
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