Exministro cubano Alejandro Gil es condenado a cadena perpetua por espionaje

El exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, fue condenado en primera instancia a cadena perpetua por espionaje y otros delitos económicos, tras un juicio celebrado en La Habana en el más absoluto secreto.

“El tribunal le impuso la sanción conjunta de privación perpetua de libertad”, al “considerarlo responsable de los delitos de espionaje” y de “actos en perjuicio de la actividad económica”, señaló el máximo órgano judicial de la isla en un comunicado publicado este lunes.

Al igual que cuando Gil fue imputado a finales de octubre, la corte suprema no precisó para qué país o entidad se realizaron los actos de espionaje.

Durante el juicio, el exministro fue hallado culpable de cohecho, sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial, así como de violación de sellos oficiales e infracción de normas de protección de documentos clasificados, agregó el Tribunal Supremo.

“Incumplió procesos de trabajo con la información oficial clasificada que manejaba, la sustrajo, la dañó y finalmente la puso a disposición de los servicios del enemigo”, precisó la corte.

Gil, de 61 años y conocido por su cercanía con el presidente Miguel Díaz-Canel, también fue juzgado en un segundo proceso por el que recibió una condena de 20 años de prisión, tras ser hallado culpable de cohecho, tráfico de influencias y evasión fiscal.

“Actuar corrupto y simulador”

“Mediante un actuar corrupto y simulador, se aprovechó de las facultades otorgadas por las responsabilidades que asumió para obtener beneficios personales, recibiendo dinero de firmas extranjeras y sobornando a otros funcionarios públicos para legalizar la adquisición de bienes”, detalló la corte suprema.

El exministro tiene ahora 10 días para apelar ambas condenas. En el caso de la cadena perpetua, la legislación cubana establece un recurso automático, lo que implicará obligatoriamente un segundo juicio.

Gil ocupó la cartera de Economía y Planificación desde 2018 hasta su repentina destitución en febrero de 2024. Desde entonces, no se le ha vuelto a ver en público.

Su destitución generó interrogantes en un momento en que el país enfrenta su peor crisis económica en treinta años y vive una apertura caótica al sector privado, con fuerte inflación, empobrecimiento generalizado y aumento de las desigualdades.

Un juicio en la periferia

Ambos procesos se celebraron el mes pasado en un tribunal de un barrio periférico de La Habana, a puerta cerrada y bajo el hermetismo de los medios oficiales.

El juicio comenzó el 11 de noviembre. El primer día, los alrededores fueron vigilados por patrullas policiales y numerosos agentes vestidos de civil, según constató la AFP.

El 26 de noviembre, la AFP fue testigo de la llegada al tribunal de la esposa y la hija del exministro.

Al día siguiente del anuncio de la imputación de su padre, Laura María Gil salió en su defensa, reclamando en Facebook “un juicio público” y “transmitido en directo” por televisión.

Asimismo, exigió que la fiscalía presentara públicamente pruebas sobre las acusaciones de espionaje y afirmó que su padre negaba todos los cargos.

Gil, ingeniero especializado en transporte, inició su carrera profesional en el puerto de La Habana. Trabajó en varias empresas públicas cubanas, dentro y fuera del país. Posteriormente se incorporó al Ministerio de Finanzas y más tarde al de Economía.

Precedentes en el poder cubano

La expulsión de altos funcionarios no es inusual en el poder cubano, marcado por destituciones repentinas, muchas veces rodeadas de misterio, durante períodos de crisis o tensiones internas.

Entre los casos más notorios figura el de Roberto Robaina, miembro del Buró Político del Partido Comunista y excanciller, cuya prometedora carrera fue truncada en 1999 por “deslealtad” hacia el entonces gobernante Fidel Castro.

En 2009, bajo la presidencia de Raúl Castro, cayeron abruptamente Felipe Pérez Roque, jefe de la diplomacia, y Carlos Lage, secretario del Consejo de Ministros, ambos destituidos por conducta “indigna”.

La destitución más sonada sigue siendo la del general Arnaldo Ochoa, acusado junto con otros oficiales de tráfico de drogas. Tras un juicio calificado de estalinista por la disidencia, este excombatiente de la guerrilla castrista en la Sierra Maestra y héroe de la intervención militar en Angola fue fusilado en 1989.