Corte Suprema de Brasil impone medidas contra Bolsonaro... entre ellas, una tobillera
El Supremo Tribunal Federal le ordenó además toque de queda nocturno, veto a redes sociales y comunicación diplomática, ante un posible "riesgo de fuga".

Por orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), el expresidente brasileño Jair Bolsonaro deberá portar un brazalete electrónico en el tobillo, tiene prohibido salir de noche, usar redes sociales, acercarse a embajadas y comunicarse con otros investigados, incluyendo a su hijo Eduardo, según informó la Policía Federal tras un operativo realizado el viernes por la mañana en Brasilia.
La orden judicial se basa en la confesión, presuntamente “consciente y voluntaria”, de Bolsonaro de haber intentado extorsionar a la justicia brasileña para interferir en procesos judiciales. Según la investigación, el expresidente actuó junto a su hijo para presionar decisiones legales, detallaron fuentes judiciales a la prensa. Por su parte, la defensa calificó las medidas cautelares de “severas” y expresó “sorpresa e indignación” por la decisión del magistrado.

Operativo, amenazas de fuga y registros domiciliarios
Las fuerzas federales ejecutaron registros en la residencia de Bolsonaro en el Jardín Botánico de Brasilia, así como en la sede del Partido Liberal (PL). Según destacaron medios, se incautó una memoria USB en un baño de su casa, que ahora será sometida a peritajes. Además, la policía encontró aproximadamente 14 mil dólares y 8 mil reales en efectivo, una suma por encima del límite que debe declararse al entrar o salir del país.
Investigadores ya habían identificado señales de que Bolsonaro planeaba una posible fuga a Estados Unidos, motivando la imposición de estas medidas preventivas. La incautación forma parte de un proceso abierto desde el 11 de julio en el STF, pocos días después de que Estados Unidos aumentara los aranceles a productos brasileños en respuesta a presiones políticas en torno al juicio de enero de 2023.
Las medidas cautelares establecidas incluyen:
- Uso obligatorio de tobillera electrónica.
- Prohibición de salir del domicilio entre 19:00 horas y 07:00 de la mañana, incluidos fines de semana.
- Veto para acceder a redes sociales.
- Restricción de contacto con embajadores, diplomáticos, otros acusados e investigados (como su hijo Eduardo).
- Prohibición de pedir asilo, pedir donaciones o hacer campañas públicas.
La Policía Federal detalla que la tobillera estará activa las 24 horas del día y que el expresidente ya había tenido su pasaporte confiscado en 2024, impidiéndole salir del país sin autorización judicial.
Según el magistrado De Moraes, las restricciones son “necesarias para prevenir un riesgo real de fuga” y garantizar la integridad del proceso judicial, además de limitar posibles interferencias en la investigación. El temor incluía la posibilidad de solicitar asilo en una embajada, dado el vínculo demostrado entre Bolsonaro y el expresidente Donald Trump en Estados Unidos.

Reacción de aliados y presión diplomática
En respuesta, Trump describió el accionar judicial brasileño como una “caza de brujas” y amenazó con imponer aranceles del 50 % a productos brasileños si el proceso no se detiene, generando una crisis diplomática creciente. En redes, tanto Eduardo como Flávio Bolsonaro protestaron vehementemente. Eduardo, desde Estados Unidos, calificaron la medida como parte de una estrategia de De Moraes y relacionó la acción con un video que su padre había dirigido a Trump.
Flávio publicó: “¡Fuerza, padre, no nos silenciarán! Esta humillación deliberada nos dejará cicatrices en el alma…”, denunciando la imposición como símbolo de “odio” del magistrado.
El PL y figuran políticos conservadores brasileños y estadunidenses, han cerrado filas contra las medidas y anuncian movilizaciones en defensa del líder.
Bolsonaro enfrenta cargos por el presunto intento de golpe de Estado en enero de 2023, cuando movilizó a sus seguidores para anular los resultados electorales. El juicio está en curso en el STF bajo el expediente PET N.º 14129, y las consecuencias podrían incluir una condena de hasta 40 años de prisión por diversas acusaciones: coacción, obstrucción de la justicia y ataques contra la soberanía nacional.
La incautación de pruebas, restricciones de libertad y medidas de vigilancia intensifican la presión sobre el expresidente, que se encuentra en el centro de un proceso inédito en Brasil. A pesar de la gravedad de las imputaciones, aún no se ha formalizado una orden de prisión preventiva.
El futuro judicial de Bolsonaro dependerá de las decisiones del STF y de la evolución de la causa. La resolución se espera en los próximos meses, pero mientras tanto las medidas adoptadas buscan frenar cualquier intento de fuga o interferencia política.
bm
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