Escándalo en España: Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por caso de “abuso sexual”

La disputa estalló luego de que Yolanda Díaz compartiera el pasado 13 de enero en la red social Bluesky una publicación relacionada con testimonios de extrabajadoras de Julio Iglesias. En su mensaje, la ministra hizo referencia a supuestos “abusos sexuales” y describió una presunta “situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”.

Al día siguiente, la vicepresidenta intervino en un programa de televisión donde abordó el caso, reiterando la gravedad de los testimonios conocidos públicamente. Sus palabras, amplificadas por medios de comunicación y redes sociales, generaron una fuerte reacción por parte del entorno de Julio Iglesias.

El equipo legal de Julio Iglesias sostiene que esas manifestaciones constituyen un “prejuicio público de culpabilidad” emitido por una alta autoridad del Estado, lo que agrava el impacto reputacional.

¿Por qué acusaron a Julio Iglesias?

La controversia tiene su origen en denuncias realizadas por varias extrabajadoras de Julio Iglesias, quienes señalaron haber vivido condiciones laborales abusivas mientras trabajaban a su servicio en el extranjero. Entre los señalamientos difundidos mediáticamente figuraban supuestos comportamientos de carácter sexual inapropiado y dinámicas laborales que describieron como coercitivas.

Sin embargo, dichas denuncias no prosperaron en España. La Fiscalía archivó el caso al considerar que los tribunales españoles carecían de jurisdicción para investigar los hechos denunciados, al no ser competencia de la Audiencia Nacional. El decreto del Ministerio Fiscal determinó la falta de competencia para iniciar una investigación preprocesal, cerrando así la vía en territorio de España.

Este archivo judicial es uno de los puntos centrales de la defensa de Julio Iglesias, que sostiene que no existe resolución alguna que lo declare culpable de los hechos mencionados.

Las exigencias del cantante: rectificación e indemnización

El abogado de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, ha remitido un escrito formal en el que solicita a Yolanda Díaz una rectificación pública inmediata. En el documento, se reclama que la vicepresidenta reconozca el carácter “gravemente injurioso y calumnioso” de sus declaraciones.

Además, el equipo legal de Julio Iglesias exige una compensación económica cuya cuantía deberá determinarse en función del “grave daño social producido”. Según la defensa, las palabras de Díaz no solo habrían afectado la imagen personal del cantante, sino también su reputación internacional, construida a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria artística.

En el texto se subraya que, si no se produce la rectificación solicitada, se interpondrá una querella ante los tribunales por vulneración del derecho al honor.

 La respuesta de Yolanda Díaz

Lejos de retractarse, la vicepresidenta respondió nuevamente a través de sus redes sociales, defendiendo su postura y reivindicando el derecho de las mujeres a denunciar situaciones de abuso. “Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos”, expresó en un mensaje que avivó aún más el debate público.

Durante su intervención televisiva, Yolanda Díaz afirmó que las extrabajadoras se encontraban en una “posición de inferioridad extrema”, tanto como personas como en su condición de trabajadoras. También describió la investigación mediática como “escalofriante”.

Estas afirmaciones son consideradas por la defensa de Iglesias como parte de un “juicio paralelo” emitido desde una posición institucional, lo que, según argumentan, genera una percepción pública de culpabilidad sin respaldo judicial.

Reputación, política y tribunales: un caso abierto

El enfrentamiento entre una figura icónica de la música española y una de las principales representantes del Gobierno abre un nuevo capítulo en el debate sobre libertad de expresión, presunción de inocencia y responsabilidad institucional.

Julio Iglesias, uno de los artistas españoles más vendidos de la historia y con una carrera internacional consolidada en América y Europa, considera que su honor ha sido lesionado por declaraciones que, sostiene, no se ajustan a una resolución judicial firme.

Por su parte, Yolanda Díaz mantiene una postura firme en defensa de los testimonios de mujeres que denuncian abusos, enmarcando sus declaraciones en la lucha contra la violencia y la explotación laboral.

El caso podría trasladarse ahora a los tribunales, donde se dirimirá si las palabras de la vicepresidenta constituyen una vulneración del derecho al honor o si se encuentran amparadas por la libertad de expresión y el debate público.

AAAT*