Suma TSJCDMX 7 meses en el limbo; Congreso no ha ratificado a magistradas

Patricia Gudiño y Laura Sánchez fueron rechazadas para seguir en el cargo; al menos una de ellas sigue activa

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-- Patricia Gudiño Rodríguez sigue activa. La magistrada que aún no ha sido ratificada aparece como integrante de la H. Primera Sala de lo Familiar en el Boletín Judicial del 6 de septiembre de 2020.

CIUDAD DE MÉXICO.

El 27 de febrero pasado, la ratificación de las magistradas del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX Patricia Gudiño Rodríguez y Laura Sánchez Flores fue rechazada por el Congreso local, pues una parte del pleno consideró que no se garantizaba el acceso de las mujeres a la justicia.

Se estableció que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que preside Eduardo Santillán, de Morena, debía emitir un nuevo dictamen sobre cada una en un plazo de 20 días para volver a someterlo a votación en el pleno. Sin embargo, han pasado siete meses y no hay dictamen.

Aunque este proceso está suspendido, la magistrada Gudiño Rodríguez continúa como integrante de la Primera Sala de lo Familiar del TSJCDMX, de acuerdo con el Boletín del Poder Judicial publicado el 6 de septiembre.

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Estrictamente hablando, ellas no fueron confirmadas en el cargo y no deberían estar ejerciendo. Creo que son dilaciones que ha tomado el Legislativo, no sé si sean convenientes para algunas partes”, dijo en entrevista con Excélsior Paula Soto, diputada de Morena, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y presidenta de la de Igualdad de Género.

Mientras que Diego Garrido, del PAN e integrante de la Comisión de Justicia, comentó: “No hay ninguna razón para que no se haya sometido a votación en el pleno (el nuevo dictamen) antes de que iniciara la pandemia y ahora tenemos el impedimento jurídico de que no podemos hacer nombramientos de personas vía sesiones remotas”.

En febrero, durante el proceso de entrevistas a siete magistrados, Gudiño Rodríguez propuso reestablecer en el Código Civil la figura del síndrome de alienación parental (SAP), el cual señala que cuando un menor afirma que fue abusado sexualmente por uno de sus padres podría ser porque el otro influyó en él para hacer la acusación.

Esta figura se eliminó del Código Civil el 1 de agosto de 2017 tras el caso de Mireya Agraz Cortés, a quien le quitaron la custodia de sus tres hijos por una acusación similar (aunque sí hubo abuso por parte del padre), por lo que se suicidó con pastillas y se las dio a sus hijos.

En la Comisión, ocho diputados votaron por la ratificación de Gudiño y seis en contra; el primer dictamen aprobatorio fue rechazado y se debió elaborar otro.

En el caso de Laura Sánchez, se le cuestionó por qué  estuvo de acuerdo con reducir la sentencia de los jóvenes culpables en el caso del feminicidio de Diana Belén Hernández, cuando fue parte de la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes y tras analizar un recurso de revisión.

Argumentó que los adolescentes tienen una percepción diferente a la realidad, pues el lóbulo frontal no se desarrolla totalmente hasta los 25 años, por lo que se busca que entiendan lo que hicieron en el periodo de internamiento.

Santillán presentó un dictamen para ratificarla que fue aprobado por cuatro diputados y rechazado por seis (con dos abstenciones); aun así se presentó al pleno donde también fue rechazado.

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