Sheinbaum se pronuncia contra la eliminación de la prisión preventiva oficiosa

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, propuesta que presentará al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ministro Luis María Aguilar Morales.

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Durante la presentación del reporte mensual del informe de resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, Sheinbaum Pardo consideró que de aprobarse el proyecto implicaría un riesgo para la integridad de las víctimas.

“Creo que sería un grave problema. No solamente aumentaría la impunidad, particularmente en delitos de corrupción, sino que creo también que representaría un problema para la seguridad de las familias de la ciudad e inclusive para la violencia feminicida. Muchas veces es a criterio del juez y a propuesta -evidentemente- de la Fiscalía la definición de la prisión preventiva justificada, pero si esta se elimina representaría un problema para las mujeres de la Ciudad, estoy convencida de ello”, señaló la jefa de Gobierno.

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Tras exponer sus motivos por los cuales está en desacuerdo con la propuesta, la mandataria capitalina consideró que sería perjudicial el que los ministros del Máximo Tribunal Constitucional del país invaliden el artículo 167, párrafo séptimo del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que contempla la prisión automática para 16 delitos.

“A quien está definiendo esto, sea por criterios internacionales o no, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacerles saber nuestra preocupación de que esto pudiera llegar a ocurrir y que eso implicara mayor impunidad, mayor riesgo, no solamente para las mujeres sino en general para los habitantes y además el riesgo de la impunidad frente a la corrupción”, detalló

Para el ministro Aguilar Morales la prisión preventiva es una medida cautelar que implica la privación de la libertad durante el desarrollo de un procedimiento penal, por lo que constituye una restricción a los derechos de libertad personal y a la presunción de inocencia.

Señaló que, hasta junio de 2022, en el país había 226 mil 916 personas en prisión, de las cuales 92 mil 595, aún no recibían sentencia.

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