Algo está ocurriendo con los jóvenes. De Nepal a Indonesia, de Bangladesh a Perú, integrantes de la generación Z han salido a las calles contra gobiernos, corrupción y privilegios. No comparten necesariamente ideología ni organización. Comparten algo quizá más elemental: la sospecha de que las reglas bajo las cuales se les pidió construir su futuro dejaron de funcionar.
Erica Chenoweth y Matthew Cebul estudian este fenómeno en Por qué la Gen-Z se está levantando, publicado por el Journal of Democracy. Encuentran detrás de las movilizaciones una combinación recurrente: precariedad económica, exclusión del poder y, especialmente, corrupción. No estamos simplemente ante jóvenes enojados, sino ante una generación que comienza a desconfiar del contrato que le ofrecieron las instituciones.
Ese contrato dice: estudia y progresarás; trabaja y construirás patrimonio; vota y serás representado; cumple las reglas y las instituciones te protegerán. El problema aparece cuando una generación sospecha que esas equivalencias ya no funcionan.
Las redes sociales agregaron algo nuevo. Permiten observar diariamente cómo viven quienes tienen poder, comparar discursos con comportamientos y transformar privilegios antes invisibles en imágenes que recorren un país en horas. Quizá a esta generación no le moleste simplemente que otros tengan más. Le irrita sospechar que las reglas no son iguales para todos, como lo hemos visto en la nueva clase gobernante.
Hay señales que obligan a México a tomar en serio la pregunta. En 2025 la desocupación entre mexicanos de 15 a 29 años fue de 4.8%, casi el doble de 2.5% de la población general. Más revelador todavía: 58.8% de los jóvenes ocupados trabajaba en la informalidad. Tener trabajo, por tanto, no necesariamente significa tener seguridad económica ni posibilidades ciertas de construir patrimonio. El dinero explica solamente una parte.
Los autores encuentran un elemento particularmente explosivo: la corrupción. La precariedad se vuelve políticamente peligrosa cuando coincide con la percepción de que las élites disfrutan privilegios, impunidad y oportunidades inaccesibles para los demás. En México, ocho de cada diez adultos urbanos consideran frecuente la corrupción.
Preciso que México aún no dispone, para todas estas variables, de información reciente desagregada exactamente para la Generación Z. Algunas estadísticas miden a jóvenes de 15 a 29 años; otras corresponden al conjunto de la población. Por ello, los datos permiten identificar un entorno compatible con el malestar descrito en otros países, pero no afirmar que todos esos agravios sean experimentados de igual manera por los jóvenes mexicanos. Estamos frente a indicios.
En las elecciones de 2024, los grupos de 19 a 39 años participaron por debajo del promedio nacional. El fenómeno tampoco es nuevo. La Encuesta Nacional de Cultura Cívica encontró que entre los mexicanos de 20 a 29 años apenas 21.9% manifestaba mucha o alguna confianza en los partidos políticos.
Quizá la Generación Z confía menos en los instrumentos tradicionales de la política. Y a ello se agrega la inseguridad. Una cosa es crecer preocupado por conseguir empleo; otra, hacerlo, además, en una sociedad donde violencia, corrupción e impunidad forman parte de la conversación cotidiana.
Las sociedades no salen a la calle sólo por problemas antiguos: necesitan un detonador. Un abuso, una tragedia ligada a corrupción o un privilegio ofensivo puede convertir malestares dispersos en indignación compartida.
México parece tener combustible social. Lo imprevisible es la chispa. Trabajo precario, desconfianza política, corrupción, inseguridad y expectativas inciertas marcan su entrada a la vida adulta.
¿Qué tendría que ocurrir para que una generación que todavía vota, trabaja y estudia concluya que las instituciones ya no le sirven?