Señalan mal actuar de magistrados en conflicto de guardia y custodia de menores

Los Magistrados de la Cuarta Sala Familiar resolvieron modificar el régimen supervisado de convivencias, en un asunto en el que se pone en riesgo la integridad de los menores, de acuerdo con una denuncia presentada por el padre de los mismos.

El caso se deriva de un proceso de guarda y custodia de los menores de edad, en donde la Jueza Sexto de Distrito, Mercedes Méndez Guerrero, determinó, en el amparo 143-2022, que las conductas atípicas de la madre representaban un riesgo para sus hijos, por lo que ordenó que los menores no le fueran entregados y se mantuvieran bajo el cuidado del padre.

De acuerdo con el expediente del proceso, en abril de 2022, el juez Décimo Primero del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Justino Aranda García, quien ya fue removido de ese juzgado, otorgó al padre la guarda y custodia provisional de los menores.

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En su resolución, el juzgador determinó que la madre sólo podía convivir con los dos menores en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM) dos días a la semana, los jueves y sábados, y bajo la vigilancia de supervisores.

De acuerdo con la denuncia, los magistrados de la Cuarta Sala Familiar resolvieron modificar el régimen supervisado en la fase I, que se venía dando entre los menores y su madre, pretendiendo pasar directamente a uno libre, sin supervisión, que se contempla en la fase IV.

Esta determinación obligó al padre de los menores a promover un amparo para lograr la suspensión de lo resuelto por los magistrados, que debe resolverse por la Méndez Guerrero, quien ya había advertido que las conductas anómalas de la madre representan un riesgo para los dos menores.

En la denuncia se indicó que, en una reunión encabezada por la magistrada Érika Marlén Zepeda García, de la Cuarta Sala Familiar del TSJ-CDMX, se pidió negociar el esquema de convivencia a favor de la madre de los menores.

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La parte quejosa, el padre, se negó debido a que está pendiente resolver el juicio donde debe definirse la guarda y custodia de los niños.

Como parte de este proceso, aún no se ha determinado el estado de salud mental de la madre, mediante pruebas periciales, ya que, de acuerdo con lo resuelto por la jueza Mercedes Méndez Guerrero, presenta conductas que son un riesgo para sus hijos.

Los magistrados ordenaron una prueba psiquiátrica a las partes involucradas, sin considerar que ya se están llevando a cabo en el Juzgado 12, donde se lleva a cabo la controversia del orden familiar.

En los antecedentes de este asunto se establece que, la pareja se casó en 2016, procreando a sus hijos en 2018 y 2020, sin embargo, ante diversas situaciones que ponían en riesgo la vida e integridad de los menores, el padre determinó retirarse de la casa con los menores e iniciando el proceso legal por su custodia