CDMX buscará endurecer sanciones por violencia de género

Con penas de hasta ocho años de cárcel, el Gobierno de la Ciudad de México busca endurecer sanciones en delitos de violencia familiar, abuso y acoso sexual, así como fortalecer los controles en hoteles para prevenir feminicidios y trata infantil.

Se trata del paquete de reformas al Código Penal local y a las leyes de Establecimientos Mercantiles y de Turismo presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en el marco del 25 N Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Endurecer agravantes

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, detalló que las reformas al Código Penal buscan incrementar las penas para delitos cometidos en contextos de violencia de género.

Actualmente, la violencia familiar tiene una penalidad de uno a seis años de prisión; la propuesta eleva el rango de dos a siete años, en casos agravados.

Ello, cuando la víctima esté embarazada o en los seis meses posteriores al parto; si se utiliza un arma; si existe una cicatriz permanente en el rostro o si las lesiones tardan más de 15 días en sanar; también cuando el agresor tenga antecedentes por delitos similares.

La idea es castigar con mayor severidad las conductas agravadas y, de manera adicional, obligar a los agresores a someterse a servicios de reeducación”, puntualizó Alcalde.

Para acoso sexual, cuya pena actual es de uno a tres años, la propuesta establece “un rango de un año con ocho meses a cinco años”.

En abuso sexual, la sanción subiría de la sanción actual que es de unos a seis años, “a un rango de dos a siete años de prisión”, señaló la titular de la FGJCDMX.

No importa que se otorgue el perdón

Se propone además que el abuso sexual sea perseguido de oficio, de modo que el proceso continúe incluso si la víctima otorga el perdón.

No obstante se otorgue el perdón, se podrá continuar con la persecución del delito”, explicó.

También se busca reformar el artículo 200 del código penal, para ampliar el término de pareja cuando se cometa violencia sexual contra una mujer.

Buscamos tener un tipo penal particular de violencia familiar, cuando sea cometida por la pareja de la víctima; esposo, exesposos o de exconcubinato y matrimonio, ampliarla si se tuvo con el agresor una relación sexo afectiva”, precisó.

También se reforma el artículo 176 para precisar que se considera acto sexual cualquier acción que implique contacto físico o que involucre a la víctima en conductas de índole sexual, “como tocamientos, roces o exposición de zonas erógenas”.

En este rubro se incorporan agravantes en ámbitos laborales, domésticos, escolares o deportivos.

También se tipifica de forma “autónoma” el acoso sexual digital, con énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes.

La pasividad de la víctima nunca podrá interpretarse como consentimiento”, subrayó la fiscal Alcalde Luján.

Asimismo, se pretende reformar el artículo 179 Bis para que el acoso sexual digital contra menores sea perseguido de oficio. Se proponen penas de dos a cuatro años de prisión y hasta mil días multa para quien contacte o intente contactar a una persona menor de edad mediante medios tecnológicos.

La pena aumentará hasta la mitad si el agresor se hace pasar por otro menor de edad, se comete por servidor público, docente o persona de confianza, o si utiliza manipulación tecnológica.

Atender violencia persistente

Clara Brugada señaló que las modificaciones propuestas responden a un contexto de violencia persistente contra las mujeres en la ciudad.

No basta un decreto para erradicar la violencia patriarcal que viene de siglos, hay que actuar; en esta ciudad, no nos detendremos mientras haya un agresor que pretenda seguir lesionando”, afirmó.

De acuerdo con cifras presentadas por la mandataria, 76 por ciento de las mujeres en la ciudad ha sufrido algún tipo de violencia, 65 por ciento ha enfrentado violencia sexual y 57 por ciento violencia psicológica.

Además, siete de cada diez denuncias por violencia familiar corresponden a mujeres.

Desde 2022, la Fiscalía ha registrado 14 feminicidios cometidos dentro de hoteles.

Por tal motivo, el paquete de reforma incluye cambios a la Ley de Establecimientos Mercantiles y a la Ley de Turismo, con el fin de prevenir feminicidios, transfeminicidios y delitos relacionados con trata infantil, especialmente en hoteles y moteles.

La consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas, explicó que se obligará a los establecimientos a registrar los datos de niñas, niños y adolescentes que ingresen, así como el parentesco con el adulto que los acompaña.

Se obligará a que se realice un registro detallado de con quién entran los niños, para evitar la trata de menores”, señaló.

Entre los requisitos también se incluyen el registro de nombre, domicilio, hora de entrada y placas del vehículo.

Instalación obligatoria de videovigilancia en accesos, áreas comunes y estacionamientos y presencia de seguridad privada debidamente capacitada.

Este paquete tiene dientes”, advirtió Cruzvillegas al señalar que las multas podrían ir de mil hasta 10 mil Unidades de Medida (UMAS), además de clausuras temporales o definitivas y la posibilidad de aplicar extinción de dominio en casos de reincidencia vinculados a delitos de trata o violencia de género.

“Hacemos un llamado para construir en la Ciudad de México un territorio libre de violencia hacia las mujeres, un territorio donde las mujeres puedan vivir sin miedo”, afirmó la Jefa de Gobierno.

El paquete legislativo será enviado en los próximos días para su análisis y discusión.

*DRR*