Raymundo Collins obtiene amparo contra orden de aprehensión

Un Tribunal Colegiado concedió un amparo al exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raymundo Collins Flores, en contra de una orden de captura otorgada por un Juez de Control por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.

La imputación está relacionada con la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país (FGJCDMX), por un presunto desvío de cinco millones 199 mil 816 pesos, en 2018, al otorgar un contrato a una empresa por esa cantidad, por un periodo de 53 días.

En su resolución, el Colegiado sobreseyó el fallo del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, que había negado el amparo y ordenado el análisis de la orden de aprehensión en contra del ex funcionario.

La orden de captura fue otorgada por Héctor Fernando Rojas Pacheco, Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número Doce, del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJCDMX).

“Por las razones y para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión Ampara y Protege al quejoso, contra la orden de aprehensión dictada en audiencia privada de 7 de enero de 2021”, se resolvió en la sentencia del Tribunal Colegiado.

En los argumentos se destacó que se concedió el amparo, ante los que se calificó como “vicios” en las investigaciones de la FGJCDMX, al considerar que se ordenó la captura por “un hecho diverso a los otros investigados, y por ello, el hecho que se le atribuye no configura la modalidad de haberse cometido en pandilla por no haberse cometido por tres o más personas”.

La FGJCDMX imputó el delito contra Collins Flores por el otorgamiento de un contrato, a una empresa privada, por un periodo únicamente de 53 días, por los 5 millones 199 mil 816 pesos.

“Esta suma es sumamente desproporcional, ya que la vigencia del citado contrato es del 8 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre del mismo año, es decir, cincuenta y tres días naturales, en los cuales se pagara una cantidad desorbitada”, argumentó la Fiscalía capitalina.

Además, el Ministerio Público capitalino consideró ilegal el hecho de que dicho contrato no fuera licitado por la SSP de la capital del país.

jcp