El autoproclamado “humanismo mexicano” se estrella con el reclamo de jubilados, extrabajadores de organismos del Estado y empleados que ven reducidos sus ingresos y prestaciones.
Asistimos a una emergente protesta cotidiana en oficinas de gobierno federal y estatales de personas obligadas a aceptar el tijeretazo que en nombre de “la austeridad republicana” les aplican draconianamente, sin posibilidad de defensa.
En el caso de dependencias eliminadas de la administración pública y de los extintos organismos autónomos, el patrón ha sido el regateo de las indemnizaciones y las tretas para reducirlas.
La situación de unos 800 jueces y magistrados que dejaron sus cargos en 2025 con la aplicación de la reforma judicial ilustra el trato humillante de autoridades que se montan en la propaganda de que el país vive “una primavera laboral”.
Y como sucedió antes con la gente de los autónomos, los juzgadores han tenido que bloquear calles y protestar para ir obteniendo a cuentagotas las liquidaciones de ley que comenzaron a concretarse en noviembre para sólo algunos.
En enero se dieron otros pagos. Pero todavía faltan más de 150 exservidores del Poder Judicial que siguen tocando puertas, ante el incumplimiento del Décimo Transitorio de la reforma de 2024:
“Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables”, se lee en el decreto.
Pero la realidad ha sido otra. “El día que nos fuimos nos quedamos sin trabajo, sin seguridad social, sin dinero, con prohibición para trabajar dos años en nuestra profesión en el lugar que vivíamos y muchas veces con enfermedades”, describe la magistrada en retiro Emilia Molina.
“Además, nos dejaron marcados con un discurso político de que somos corruptos y flojos, y que muchos lo creen. Y quienes no lo creen, tampoco quiere estar cerca de nosotros porque, piensan, que estamos contra el gobierno”, cuenta.
Es frente a la experiencia de estigmatización y tratos indignos de los últimos meses que la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJ) presentó a los congresistas una propuesta de modificación de ese Décimo Transitorio. El propósito de la AMJ –que preside Emilia Molina– era conseguir para los 500 jueces y magistrados que dejarán el PJF en 2028 las garantías de una transición digna, que los juzgadores relevados el año pasado no tuvieron.
Todos los partidos recibieron esta petición. Pero también la de jubilados y extrabajadores de la CFE, Pemex y otras dependencias federales que han ido al Congreso a denunciar el recorte retroactivo a sus pensiones.
El diputado Federico Döring (PAN) lamentó que Morena se negara a escuchar a los afectados en la Comisión de Puntos Constitucionales, en la discusión de la reforma de la reforma judicial, ante la oportunidad de incluir en ese decreto modificaciones a los artículos transitorios de la reforma de marzo al artículo 127 constitucional.
Y es que la reciente eliminación de las llamadas pensiones doradas reactivó el debate legislativo sobre las injusticias que está generando. La diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza (PAN) compartió en la asamblea de San Lázaro el fragmento de un corrido: “Horas extras, noches largas, lejos siempre del hogar, viendo a hijos crecer solos por tener que trabajar, con la fe de que el mañana recompense el sacrificio, hoy nos pagan con desprecio, nos recortan el ganado beneficio”.
Ante la normalizada trivialización del dolor, la mayoría de Morena guardó silencio cuando su compañera de bancada, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, hizo suyas las demandas de la AMJ desde la máxima tribuna.
“Garantizar el respeto total a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, incluyendo una indemnización justa para quienes concluyan su encargo por separación voluntaria, declinación o no resulten electos”, pidió la exsecretaria de Gobernación.
La diputada Margarita Zavala (PAN) se sumó a la causa de los jueces y magistrados. “Les han mentido a los trabajadores del Poder Judicial federal y local, les han mentido a los trabajadores de empresas como la CFE, de Banobras, de Nafin”, enumeró.
En el Senado, Amalia García (Movimiento Ciudadano) advirtió: “Sería un contrasentido que desde el Poder que debiera administrar justicia haya injusticias con quienes laboran en ese Poder”.
Quedan los llamados de Olga, Margarita y Amalia como señal de la exigua resistencia frente al abuso de poder de un régimen que ha ido acostumbrado a miles a la resignación y el acomodo, por cansancio, indiferencia o miedo.
Más allá de la sordera y las palabras, la retórica oficialista afronta una nueva realidad, la de los inconformes que ya no quieren callar.