Primera Legislatura del Congreso de la CDMX incumple con la Constitución

CIUDAD DE MÉXICO. Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, que esta semana finalizó sesiones ordinarias, no cumplió con mandatos fundamentales de la Constitución local como expedir la Ley de Ordenamiento Territorial o aprobar el Plan General de Desarrollo.

Legisladores y expertos, consideran que los efectos de estos vacíos  se empiezan a sentir, sobre todo en materia de desarrollo urbano.

Para Federico Döring, presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo, es preocupante que no haya una Ley de Ordenamiento Territorial, la cual define las áreas urbanas, rurales, el suelo de conservación, las zonas en las que se puede construir y qué tipo de edificaciones se pueden realizar, aunque ya se hayan aprobado la Ley del Sistema de Planeación y la Ley Orgánica del Instituto de Planeación.

Esto afecta la reactivación económica, porque sin esos instrumentos se complica atraer inversiones importantes. Si yo quisiera invertir en la ciudad y no tengo todavía los permisos, es una incertidumbre el no saber cómo se va a comportar el ordenamiento territorial para una zona para posibles desarrollos inmobiliarios. El inversionista tiene que esperar una definición del gobierno para saber qué certeza de inversión tiene”, planteó el diputado panista a Excélsior.

Por su parte, Fernando Aboitiz, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura relató que en 2020 se había sugerido a la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ileana Villalobos, que se trabajara el texto de la iniciativa de ley para avanzar y trabajar en equipo, ya que la mayoría de la legislatura era de Morena y se requería un consenso para su creación. “Pero desde que salió Ileana de la Secretaría (en diciembre del 2020) se paró todo”, dijo.

De acuerdo con Döring, otro asunto por el que la Ley de Ordenamiento Territorial no ha sido aprobada es que el artículo 6 transitorio de la Ley del Sistema de Planeación obliga a consultar la iniciativa con los pueblos y barrios originarios.

El panista recordó que cuando aprobaron la Ley de Planeación, la bancada de Morena no quiso consultarlos argumentando que era la del Ordenamiento Territorial la que debía someterse a escrutinio, (agregando el artículo transitorio). El pleno y la Junta de Coordinación Política tampoco han cumplido con su responsabilidad de mandatarla.

La pandemia nos hizo prácticamente imposible la consulta”, justificó Guadalupe Chavira, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Administración Pública.

Al Congreso le quedan tres meses de sesión permanente y, aunque se podría convocar a una sesión extraordinaria para votar el dictamen de esta Ley, Aboitiz consideró que es difícil hacerlo por el tiempo que lleva trabajar un dictamen y someterlo a consulta.

DESARROLLO, EN EL AIRE

Otro gran pendiente sin aprobar es el Plan General de Desarrollo el cual contempla aspectos de desarrollo urbano, movilidad, acceso a agua por los próximos 20 años.

Éste debía ser elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, pero organismo apenas quedó conformado el 16 de marzo pasado y aún no entra formalmente en funciones.

Este Instituto ha tenido retrasos desde sus inicios pues la ley que lo creó debía ser aprobada por el Legislativo local en diciembre del 2019, pero se aplazó hasta marzo de 2020 y el nombramiento de su director estuvo listo hasta diciembre del año pasado.

No tener este plan nos afecta porque no sabemos dónde invertir, no se ha definido qué zonas de la ciudad se quieren redensificar, tampoco cuáles son las líneas prioritarias de Metro o del Metrobús. Ahora hay temas más graves en qué pesar, por ejemplo, después del incidente de la Línea 12, ¿valdrá la pena rehacer la línea?  Porque en esa zona hay un riesgo constante con el suelo y casas que se han afectado con los sismos”, explicó Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica.

Señaló que, para que el plan se concrete se requieren consensos, por lo que primero se propone un borrador y luego, a través de foros y audiencias, se discute con expertos y actores involucrados, proceso que dura entre uno y tres años.

Pero todo se hizo al revés. En vez de que el Instituto de Planeación elaborara el Plan General de Desarrollo, como establece la Constitución (Artículo 15, inciso D, numeral 2), y la jefa de Gobierno lo enviara al Congreso para su aprobación, el Poder Ejecutivo hizo su propuesta y la mandó al Legistativo en octubre de 2020, cuando ni siquiera había director del Instituto.

Federico Döring afirmó que la iniciativa se envió ilegalmente. “Sería imposible aprobarlo, pues, independientemente de cuando se instale el Instituto de Planeación, son los días que tarden en revisar el borrador y sería una farsa que el Instituto se instale, por ejemplo, un lunes y el martes ya manden el documento revisado”, analizó.

Döring recordó que la Constitución da a la ciudadanía seis meses para debatir el documento antes de que sea aprobado y a esa legislatura sólo le quedan tres meses de sesión permanente.

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