Ofrecen vivienda en predios invadidos en la San Rafael

En el predio de Antonio Caso 104, en la colonia San Rafael, al menos tres personas de un grupo de 30 han dado 250 mil pesos a una organización, que se hace llamar Patria Nueva, para apartar un departamento de interés social que ellos ofrecen. 

Sin embargo, a decir de los dueños, ese predio ha estado en litigio desde hace 20 años y se han abierto cuatro carpetas de investigación por el delito de despojo (2006, 2007, 2010 y 2016); todas fueron enviadas al no ejercicio de la acción penal, pero el fallo de la última fue considerado como inválido por un juez de control en 2019, por lo que la carpeta con terminación 254/08-2016 regresó a la Fiscalía local. 

 Estos documentos señalan como responsable del delito de despojo a Raquel Almanza, quien señala ser parte de la Asamblea de Barrios Construyendo Proyectos de Vida Digna, De acuerdo con uno de los miembros del Fideicomiso que posee el predio, esta mujer promovió que un Director Responsable de Obra realizara una evaluación de la estructura del edificio con la intención de que el Instituto de la Vivienda (Invi) iniciara un proceso de expropiación con fines de utilidad pública. 

 En 2013 dicho proceso inició tras su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, pero un juez federal precluyó el procedimiento de expropiación el 6 de agosto del 2014. 

La decisión fue publicada por la Consejería Jurídica local a través de un comunicado y también se hizo público en la Gaceta Oficial. 

 Los propietarios señalaron que han hablado en varias ocasiones con el instituto. “A la fecha, los funcionarios siguen diciendo que están integrando una carpeta para expropiar el inmueble, cuando legalmente no pueden hacerlo”, reclamó uno de ellos. 

“Hacen esto para poder dar información de la expropiación a la gente que se acerca a través de su socio oculto, que se llama Patria Nueva, y poder decir que están integrando una supuesta carpeta de expropiación, pero en realidad están fraguando un fraude”, argumentó. 

Además, el Invi envió a los dueños un oficio señalando que desconocen la existencia de la carpeta de investigación por el delito de despojo. 

 A pesar de esta situación jurídica, hace un mes Patria Nueva celebró una reunión en la que aseguró a unas 30 personas interesadas que todo el papeleo del predio está en orden y que el Invi construirá departamentos de interés social. 

CASO SIMILAR 

Una situación muy parecida ocurre a unos 250 metros de ese predio, en Antonio Caso 130. Jorge Rábago, dueño del inmueble, narró a Excélsior que tras la invasión de dos de los departamentos de su predio, se abrieron dos carpetas de investigación por despojo, una de ellas en contra de Raquel Almanza. 

 “Después de invadir, Almanza le dijo a la gente del Invi que mi edificio no tenía dueño y que tenía daño estructural. Los convenció para generar una carpeta de expropiación para construir allí un edificio de interés social. 

“El año pasado yo busqué a la gente del Invi, les expliqué que yo soy el dueño, que el edificio no tiene ningún daño estructural y hay personas que viven allí quienes tienen contrato de arrendamiento; Los funcionarios dijeron que la expropiación no debería seguir adelante. 

 “Cuando Raquel Almanza se enteró de que yo había hablado con el Invi, fue y armó un escándalo. Amenazó a la gente del Invi y a la gente de la Secretaría de Gobierno, amagó con cerrar las oficinas del organismo y la dependencia y hasta cerrar la Consejería y la Fiscalía. 

Después de las amenazas, la carpeta de expropiación siguió adelante”, denunció Rábago. 

El dueño del inmueble presentó su caso al secretario de Gobierno, Martí Batres, quien, a decir de él, fue muy amable en todo momento y se comprometió a revisar el caso. 

A pesar de ello, el 30 de septiembre del 2021, en la Gaceta Oficial, la Secretaría de Gobierno publicó la Declaratoria de Utilidad Pública de Antonio Caso 130, que es el paso previo a una expropiación, con el objetivo de adherir el predio al programa de mejoramiento urbano del gobierno capitalino. 

Dentro de los argumentos para realizar dicho documento está que desde el 21 de marzo del 2018, el Comité del Patrimonio Inmobiliario autorizó una solicitud del Invi para iniciar los trámites de expropiación de este Inmueble. 

“Las personas que ocupan dicho inmueble aceptaron las condiciones generales del citado programa de sustitución de vivienda, en lo relativo al mejoramiento urbano del mismo, obligándose a desocuparlo y a reubicarse por sus propios medios durante el tiempo que se realicen los trabajos correspondientes y hasta la entrega de las viviendas que se construyan”, se lee en la declaratoria. 

Este diario consultó al Instituto de Vivienda sobre estos dos casos, pero al cierre de la edición, no había respuesta.