Más exfuncionarios acusados de desvíos; dinero de la reconstrucción

CIUDAD DE MÉXICO.

Además de Edgar Tungüí, extitular de la Comisión para la Reconstrucción y exsecretario de Obras, y Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), son señalados como imputados la exsecretaria de Finanzas, Julieta González Méndez, y Ricardo Becerra, también extitular de la Comisión para la Reconstrucción.

La denuncia penal fue presentada por Jorge Gabriel Morfín Salcedo, director de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial B, de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, de acuerdo con fuentes judiciales.

Detalles de la carpeta de investigación señalan que la acusación penal es por presuntamente haber desviado recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), así como aportaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales para el 19S.

Montos que fueron dotados a través del fideicomiso número 7579-2, el cual se constituyó en Banco AFIRME.

Parte de la imputación señala “sobreprecio” en la obra de reconstrucción de un inmueble dañado en el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Se trata del ubicado en la calle Aluminio número 166, en la colonia Popular Rastro, en la alcaldía de Venustiano Carranza.

En la obra de reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre de 2017 fueron detectados trabajos pagados y no ejecutados por un monto aproximado de 39 millones de pesos.

“Derivado de lo anterior se considera que pudieron existir omisiones por parte de las personas que a continuación se mencionan, con el cargo que ostentaban dentro de la anterior administración pública del Gobierno de la Ciudad de México”, se lee en la carpeta de investigación CI-FSP/B/UI-B-2 C/D/03668/08-2019, a la cual Excélsior tuvo acceso.

El delito que se persigue es el de uso ilegal de atribuciones y fue presentada ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México el pasado 27 de agosto.

El 15 de julio pasado, la Procuraduría capitalina informó sobre la detención de Berenice G., José Iván M. y Gabriel R., exfuncionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas, acusados por un desfalco contra la hacienda pública, cometido el 7 de junio de 2018, cuando faltaba menos de un mes para las elecciones.

Ese día fueron transferidos 190 millones 24 mil 307 pesos “desde la cuenta bancaria de la dependencia hacia la cuenta de una empresa que no se encontraba registrada en el padrón de proveedores de la institución, sin antecedentes con la administración pública y sin haber previsto ninguna obra o servicio”.

Pues esa operación se realizó bajo la administración de la entonces titular de Finanzas, Julieta González Méndez, sobre quien ahora pesa una acusación directa por el desvío de recursos para la reconstrucción del 19-S.

Anuncia baja de plazas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que para el próximo año serán recortadas más plazas de funcionarios de alto nivel.

“Estamos trabajando en el Presupuesto de 2020 y vamos a hacer todavía un apretón de cinturón más para las áreas de administración del gobierno para poder permitir ampliar el presupuesto de infraestructura.

“Nada se pone en riesgo, las áreas operativas siguen teniendo exactamente su mismo presupuesto, lo que se recorta esencialmente son las áreas administrativas”, dijo.

La jefa de Gobierno aseguró que estos ajustes no afectarán a los empleados de base.

Sheinbaum agregó que con esta acción se ampliará el presupuesto de inversión, lo que permitirá concluir con algunos de los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

Entre esos proyectos destacó la construcción de 150 Pilares más; la puesta en marcha de dos líneas de Cablebús, una en Gustavo A. Madero y otra en Iztapalapa; la compra de trolebuses y de camiones de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), y el mantenimiento mayor que se prevé para el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Durante este año fueron eliminadas mil 712 plazas de mandos superiores, lo que, a decir de las propias autoridades, permitió un ahorro de alrededor de 600 millones de pesos.