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Comunidad

Indagan a la ALDF por distribución de los recursos de reconstrucción

También investigan a la Secretaría de Finanzas y al Instituto para la Seguridad de las Construcciones

Georgina Olson | 30-12-2019
Jorge Romero, Mauricio Toledo y Leonel Luna, integrantes de la última legislatura de la Asamblea Legislativa del DF. Foto: Quetzalli González/Archivo
Jorge Romero, Mauricio Toledo y Leonel Luna, integrantes de la última legislatura de la Asamblea Legislativa del DF. Foto: Quetzalli González/Archivo

CIUDAD DE MÉXICO.

La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCDMX) lleva a cabo una auditoría sobre la responsabilidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la distribución de los recursos de la reconstrucción durante 2018.

Así lo dio a conocer en entrevista el diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la CDMX, José Luis Rodríguez.

Se está siguiendo la ruta de los recursos, para saber con precisión quién liberó cada peso y dónde lo liberó. Estamos viendo que no se integraron los expedientes correspondientes por parte de las dependencias que estaban obligadas a hacerlo o tenían una participación en la liberación de los recursos”, dijo el legislador.

Rodríguez explicó que además de investigar el rol que jugó la ALDF, también se indaga a la Secretaría de Finanzas y Administración y al Instituto para la Seguridad de las Construcciones, entre otras dependencias.

Es un tema que a todos nos interesa conocer; ¿qué pasó con los recursos de la reconstrucción?, porque eso ha implicado que todavía a diciembre de 2019 no logremos concretar los apoyos para los damnificados”, afirmó.

La ASCDMX tiene hasta el último día de abril próximo para entregar los resultados de la investigación, y hasta el momento ya ha detectado irregularidades. Una de ellas apareció en la auditoría ASCM/9/18, realizada a la Secretaría de Obras y Servicios.

Por ello se le solicitó a la Secretaría de la Contraloría iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa contra la Secretaría de Obras, pues encontró siete contratos de obra pública derivados del sismo del 19-S, en los que no “hay elementos para comprobar la razonabilidad de los precios pagados y hay diferencias en los precios pagados a dos contratistas por conceptos similares”.

 

 

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cva

 

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