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Denuncian ante PGJ desvío de 4.5 mdp en L2 del Metrobús

Socios de la concesionaria Copsa denunciaron al expresidente por desfalco del Fondo de Sustitución de Unidades 

Wendy Roa | 10-01-2019
Denuncian ante PGJ desvío de 4.5 mdp en L2 del Metrobús
Foto: Cuartoscuro/Archivo.

CIUDAD DE MÉXICO.

Socios de la concesionaria Corredor Oriente Poniente SA de CV (COPSA), denunciaron al expresidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Martínez Herrera, por el presunto desvío de 4.5 millones de pesos.

En la denuncia presentada ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se da cuenta de que esos recursos formaban parte del Fondo de Sustitución de Unidades y fueron canalizados para el pago de demandas, convenios, acreedores y proveedores, así como préstamos a socios.

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Se detalla que el 22 de octubre de 2018, el Sistema Metrobús entregó el dinero a Martínez Herrera, entonces presidente del Consejo de Administración de COPSA, pero a la fecha no ha presentado ningún comprobante de pago de esos rubros y/o devolución de recursos al organismo público descentralizado.

Los 4.5 millones de pesos permitirían cubrir los compromisos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por diversas cantidades y, a la vez, solventar las demandas mercantiles, el atraso en los pagos a proveedores y la recuperación de préstamos a los socios”, explican en un comunicado.

Aseguran que el desvío de estos recursos también les impidió renovar 15 unidades que ya cumplieron su vida útil y de manera paralela pagar más de 10 millones de pesos que se adeuda a los 82 socios de COPSA desde hace 20 meses.

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Esta denuncia se suma a la presentada el 26 de diciembre de 2018 también en contra de Martínez Herrera, por daño patrimonial que asciende a 1.7 millones de pesos, ya que señalan, realizó la venta ilegal de dos autobuses, sin autorización del Sistema Metrobús como regulador del servicio.

De esta forma los socios de COPSA exigen la intervención de las autoridades ya que aseguran existe el riesgo de que pierdan su fuente de ingresos “y, sobre todo, el patrimonio construido por décadas dedicadas a la prestación de transporte público”.

 

sarr

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