Cesan a Ministerios Públicos por negar atención a mamá de Fernandito

Dos agentes del Ministerio Público fueron separados de sus funciones por negar el servicio a Marcelina, madre del niño Fernandito, menor asesinado en el municipio de La Paz por unos prestamistas que lo raptaron para presionar a la mujer y obligarla a saldar la deuda.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló que el domingo 3 de agosto Marcelina acudió al Centro de Justicia de La Paz a denunciar que una amiga se llevó a su hijo y no se lo quería regresar.

De esta situación enteró a una persona que realizaba sus prácticas profesionales en ese sitio, quien a su vez notificó al Agente del Ministerio Público responsable en ese momento; sin embargo, le dijo que como él ya se iba tenían que “esperar a la licenciada Brenda”, en caso de que la denunciante no quisiera esperar, podía ir a la agencia del Ministerio Público de Género.

Luego de estas manifestaciones de la autoridad, la madre de la víctima optó por retirarse y se presentó al día siguiente, el lunes 4 de agosto, a formular denuncia ante la Autoridad Ministerial en el Centro de Justicia para la Mujer ubicado en el municipio de La Paz”.

Esa fecha se inició la investigación por el secuestro del menor, fue así como localizaron el cadáver del niño en avanzado estado de descomposición y se estableció que su deceso ocurrió de tres a cinco días antes del hallazgo, lo que corresponde con fecha entre el 30 de julio y el 2 de agosto.

Lo cual se confirmó al entrevistar a Marcelina, la madre de la víctima refirió que la privación ilegal de la libertad de su hijo sucedió el lunes 28 de julio.

MP no tuvieron empatía

Esos elementos forman parte de la investigación de la fiscalía mexiquense para determinar la responsabilidad en que pudieron haber incurrido servidores públicos por negar el servicio a la denunciante.

De las conductas señaladas se advierte dilación institucional por parte de esta Fiscalía, así como una absoluta ausencia de empatía, trato solidario y nula vocación del servicio que se le debe brindar a quienes acuden a denunciar cualquier conducta delictiva”.

Por esas razones, el Agente del Ministerio Público que envió a la víctima a otro Centro de Justicia fue cesado de sus funciones, también enfrentará las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.

Mientras que la Agente del Ministerio Público del área de Género fue removida y puesta a disposición de las autoridades centrales de la FGJEM, en donde se determinará si tuvo alguna conducta que afectara los derechos de Marcelina.

Finalmente, en cuanto a las manifestaciones de la activista y abogada Fabiola Villa, quien denunció que no le dieron acceso a la carpeta del caso, pese a ser la defensora de las víctimas, la FGJEM afirmó que acudió a la sede ministerial, pero sin estar acompañada de Marcelina y tampoco estaba acreditada como su asesora jurídica, por lo que legalmente está impedida para tener acceso a la indagatoria.

*DRR*