Caso Marco estrenará fiscalía

El abogado de los padres del menor esperan que la PGR indague a los funcionarios de la Ciudad de México y del Estado de México

CIUDAD DE MÉXICO.

Ayer nació la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, dependiente de la Procuraduría General de la República  (PGR). La oficina se estrenará con el caso de Marco Antonio Sánchez, el joven de la Preparatoria 8 que fue detenido por elementos de la policía capitalina el pasado 23 de enero, y de quien se tuvo conocimiento cinco días después de ser asegurado.

El fiscal Abel Galván Gallardo aseguró a Excélsior que “la dependencia ya inició una carpeta de investigación por la desaparición forzada del joven y –personal de la PGR– está recabando información de campo, y estamos en estrecha colaboración con las autoridades de la Ciudad de México”.

La PGR abrió la carpeta de investigación sobre la desaparición forzada del joven universitario el pasado 2 de febrero, la cual será independiente de las indagaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y que actualmente se encuentra en curso.

Simón Hernández López, abogado de Edith y Marco Antonio Sánchez, padres del menor, confía en que las autoridades de la PGR indaguen a los funcionarios de la Ciudad de México y del Estado de México que están involucrados en el caso. Con ello, dijo, se garantizaría imparcialidad en las investigaciones.

Sin embargo, el defensor consideró como una desventaja que la investigación se inicie a partir de las las “propias dinámicas de la PGR”, lo que aumentaría el tiempo de la indagatoria, por lo que se corre el riesgo de que se fragmente el proceso.

Creación

 

La Procuraduría General de la República (PGR) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo A/013/18 por el que se crea la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y se establecen sus atribuciones.

La Fiscalía, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención al Delito y Servicios a la Comunidad, será la unidad encargada de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones relacionadas con delitos señalados en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Al frente de la Fiscalía estará Abel Galván Gallardo, también titular de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, hasta en tanto la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia establezca el perfil que deberá cubrir para ejercer el cargo.

El Fiscal, quien será designado por el titular de la Procuraduría General de la República, tendrá la calidad de agente del Ministerio Público, deberá recibir las denuncias relacionadas con delitos en materia de su competencia e iniciar la carpeta de investigación, justo como ocurrirá con Marco Antonio.

Acusaron  recibo.

Expediente clínico sí fue entregado a Neurología

El archivo fue enviado el 9 de febrero, según se lee en el acuse de recibido del Instituto de la especialidad

Por Filiberto Cruz

Excélsior tuvo acceso a un documento en el que se asentó que el expediente médico de Marco Antonio Sánchez Flores fue entregado el viernes 9 de febrero por parte del Instituto Nacional de Pediatría al Instituto Nacional de Neurología donde actualmente es atendido.

El acuse de recibo advierte que “en atención a su oficio INNN-DG 031 2018, mediante el cual solicita copia del expediente clínico del paciente de identidad reservada MASF, anexo el presente (y) me permito remitir en sobre cerrado la copia solicitada”.

Los padres de Marco Antonio denunciaron que, hasta la fecha, no han podido ver el expediente médico de su hijo y que los médicos del Instituto Nacional de Neurología tampoco han podido acceder al mismo, ya que la Fiscalía para la Atención de Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia capitalina lo tiene bajo resguardo.

El documento al que este diario tuvo acceso corrobora que el expediente está resguardado, aunque también indica que Pediatría sí entregó una copia al Instituto Nacional de Neurología.

“Hago de su conocimiento que dicho expediente se encuentra asegurado por la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, por lo que se deberían tomar todas las medidas legales para evitar que se difundan datos del paciente”, señala el papel.

El documento está firmado por el subdirector de Asuntos Jurídicos del INP, Roberto Ruiz Arciniega, y tiene firma de recibido el 9 de febrero por parte de autoridades del Instituto Nacional de Neurología, día en que Marco Antonio fue ingresado a dicho instituto.

Edith y Marco Antonio Sánchez, padres de Marco, aseguran que los médicos del Instituto Nacional de Neurología comenzaron desde cero el tratamiento de su hijo, ya que les dijeron que no tenían acceso al expediente médico elaborado en el Instituto Nacional de Pediatría, debido a que la Procuraduría capitalina ordenó que fuera resguardado.

Por su parte, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), aseguró que a más de 20 días de que el joven fue encontrado en el Estado de México sigue sin tener un diagnóstico médico. El activista de los derechos de la infancia aseguró que la familia no tiene acceso al expediente ni tampoco su defensa.

La defensa de Marco Antonio había solicitado copia simple del expediente médico al subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Pediatría, pero éste nunca se los entregó. Al respecto el juez Cuarto Federal en Materia de Amparo no se pronunció y sólo le recordó al personal de Pediatría que cualquier copia de dicho expediente que haga es bajo su responsabilidad.

Intégrese el diverso registrado con el folio X, suscrito por el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Pediatría, por medio del cual, solicita le sea informado el sentido que debe dar a la solicitud del promovente (la defensa de Marco) respecto a la expedición de copia simple del expediente clínico de (Marco). En atención a ello, dígasele que queda bajo su más estricta responsabilidad la expedición de las constancias de mérito, con la precisión que en caso de acordar de conformidad lo solicitado, deberá salvaguardar los datos personales”, advierte el acuerdo judicial.