La partidización terminó por fracturar al INE en el peor momento: con las elecciones cruciales de 2027 en macha. La lógica política de someter una institución pública a cuotas partidistas o rediseñarla a la medida de un partido acabó por llevar a una de sus mayores crisis de credibilidad, cuando lo que se requiere es garantizar certeza en elecciones sin mácula. La renuncia de Guadalupe Taddei, en medio de denuncias de corrupción, asesta un golpe penoso a la imagen del INE y a altos mandos involucrados. Llegó a la presidencia en 2023 mediante una insaculación en el Congreso, después de que los partidos no alcanzaran un acuerdo. La ausencia del consenso drenó la confianza en el organismo electoral y, además, resultó muy cara para las reformas que impulsó la 4T.
Su integración mediante cuotas partidistas no comenzó con Morena. Es una herencia de la cartelización de alternancia, cuando los partidos extendieron su influencia sobre los órganos autónomos. Pero la apuesta de la 4T por centralizar facultades en la Presidencia y subordinar la colegialidad interna detonó la crisis. Esa transformación se justificó con el discurso de austeridad y la crítica de López Obrador de dispendios y privilegios, que se recrudecieron en la confrontación con la anterior dirigencia de Lorenzo Córdova. Este caso de corrupción no tiene precedentes, aunque haya antecedentes de otro tipo de conmociones. Las críticas al costo del INE y las denuncias de fraude en 2006 forman parte del historial. Sin embargo, una cosa es un antecedente que ayuda a explicar una crisis y otra un precedente como el que ahora obligaría a restablecer su autonomía para evitar que se repita.
La denuncia contra la “burocracia dorada” abrió paso a reformas de la 4T en nombre de la austeridad y la honestidad. Morena impulsó, primero, una reestructuración presupuestaria y, después, una reforma que dio superpoderes a Taddei para designar a la estructura ejecutiva y administrativa sin acuerdos con el Consejo General. Trastocó el modelo de decisiones colegiadas concebido para proteger la autonomía y equilibrios internos frente a los partidos. También debilitó los contrapesos sobre decisiones administrativas y contrataciones millonarias. La magnitud del escándalo exhibe el costo de esa concentración. La investigación anunciada por la ASF puso bajo sospecha los mecanismos de control interno. Las imágenes y audios difundidos sobre posible tráfico de influencias personales y familiares de Taddei con un contratista agravaron la crisis. La exigencia de Claudia Sheinbaum de investigar para que no hubiera “ninguna sombra de corrupción” terminó por precipitar el desenlace político.
El caso debe sentar un precedente ineludible en dos sentidos. Primero, para investigar y limpiar redes de abuso de poder, desvío de recursos y colusión en las contrataciones públicas, incluidas las denuncias que apuntan a otras 13 entidades. Segundo, Morena debe asumir su responsabilidad en el rediseño institucional que generó el mayor caso de corrupción en su historia. Reducirlo a debilidades personales de Taddei o tratar de culpabilizar a la oposición —como intenta Sheinbaum— es una salida en falso. La crisis de 2006 se enfrentó mediante una reforma electoral que incorporó al partido agraviado. Hoy, reconstruir la confianza exige, como mínimo, restablecer los contrapesos del Consejo General.
La crisis también pone en entredicho los controles anticorrupción y la regeneración institucional de la 4T, tanto en el INE como en otras instituciones; salpica hasta la Corte, que desechó amparos de consejeros contra la concentración de facultades en la presidencia. Pero también puede abrir una nueva oportunidad para que Sheinbaum impulse una reforma político-electoral de fondo. Esa posibilidad se frustró cuando el Senado aprobó un plan B descafeinado, condicionado por la resistencia del PT y el Verde a perder prerrogativas. El problema va más allá de sus aliados: un sistema que protege privilegios partidistas alimenta la captura de instituciones y socava la confianza en la democracia.
La crisis del INE no se resolverá sólo con una renuncia ni con el relevo de sus responsables. Si Morena pretende recuperar la confianza pública, tendrá que admitir que la austeridad no justifica la concentración del poder y que ningún partido puede ser juez de las reglas electorales que lo benefician. La autonomía no se garantiza cambiando a quienes dirigen el árbitro, sino impidiendo que un partido pueda moldearlo a su conveniencia.