Es legal la detención de los policías de Chalco: PGJ
La aprehensión se debió a que incursionaron a la capital portando sus armas de cargo, sin presentar un oficio que así lo permitiera, destacó el procurador

CIUDAD DE MÉXICO
La detención de los seis policías de Chalco que acudieron a un Ministerio Público para exigir la liberación de Ramón Montalvo Juárez fue legal y necesaria de oficio, aseguró el procurador capitalino, Edmundo Garrido.
Los policías acompañaron al presidente municipal de Chalco, Ramón Montalvo Hernández, hasta la Fiscalía de Tláhuac para exigir la liberación de su hijo, Ramón Montalvo Juárez, quien había participado en una persecución que derivó en el homicidio de una persona en territorio capitalino.
El procurador destacó que la aprehensión de los seis policías mexiquenses se debió a que incursionaron a la capital portando sus armas de cargo, sin presentar un oficio que así lo permitiera, y sin presentar una licencia de portación de arma.
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El caso, insistió, se deriva del asesinato de una persona durante una persecución en la que participó Ramón Montalvo Juárez.
El procurador explicó que el 29 de diciembre se inició una carpeta por el delito de homicidio ocurrido durante una persecución entre personas que viajaban en dos vehículos.
“A través de dos testigos presenciales y tres circunstanciales se da aviso a la autoridad en el 911. Policía de seguridad pública hace el seguimiento mediante las cámaras y hace el aseguramiento de la camioneta donde aparecen tres personas del sexo masculino. A quienes al descender se les encuentra un arma de fuego y se les pone a disposición de la fiscalía de Tláhuac.
“Posteriormente llega una persona quien dice ser el edil de Valle de Chalco, junto con su abogado y seis personas que se identifican como policías de esa entidad quienes venían armados con armas largas y vehículos oficiales”, estableció el procurador capitalino.
Puntualizó que los policías de Chalco fueron detenidos por no acreditar el oficio de colaboración que requerían para ingresar a la capital, no acreditaron el resguardo de las armas que portaban y no acreditaron la licencia colectiva de posesión de las armas.
“Hacen un delito del orden federal, y se les pone a disposición del ministerio público del fuero federal”, expuso el funcionario capitalino.
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