Vecinos decidirán sobre uso de suelo
El artículo 21 fue aprobado con 85 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones
CIUDAD DE MÉXICO.
La Asamblea Constituyente aprobó el artículo 21 de la Constitución Política de la Ciudad de México, relacionado con el ordenamiento territorial, en el que establece que todo cambio de uso de suelo quedará sujeto a consultas ciudadanas, de modo que los vecinos podrán decidir si aceptan o no ese cambio.
En dicho artículo se establece que “las consultas tendrán carácter vinculante” y se privilegiará el interés público, y “la autoridad está obligada a informar oportunamente a la comunidad las solicitudes turnadas ante el Instituto de Planeación democrática y prospectiva para su dictamen”.
El Constituyente aprobó también que el Gobierno de la Ciudad seguirá regulando los cambios de uso de suelo, “en los casos de alto impacto”, y quedó pendiente la obligación de los desarrollos inmobiliarios de compensar y mitigar los impactos urbanos y ambientales, por lo que ese apartado fue remitido a la Mesa de Consulta.
El tema de las consultas vecinales en el desarrollo urbano de la ciudad no está cerrado, de acuerdo con la diputada de Morena Mayela Delgadillo.
Hay una consulta para autorizar desarrollos que irá vinculada con lo que se establezca en el tema de ciudadanía, es decir de participación ciudadana, donde se tendrá que definir qué consultas son vinculatorias, con qué porcentaje del padrón electoral se convocan, y, sobre todo, con qué porcentaje de votación se declara válida”, destacó Delgadillo.
La diputada local formó parte del colectivo que orilló al gobierno de la ciudad y al Instituto Electoral a realizar la consulta vecinal para definir el futuro del Corredor Cultural Chapultepec, que finalmente fue rechazado por vecinos de la delegación Cuauhtémoc.
El artículo 21 fue aprobado con 85 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones, e incluye los temas de Medio ambiente, gestión sostenible del agua, regulación del suelo, desarrollo rural, vivienda, infraestructura física y tecnológica, espacio público y convivencia social, movilidad y accesibilidad, prevención y mitigación de riesgos.
El Constituyente aprobó que los servidores públicos que otorguen permisos o autorizaciones, cuyo contenido sea violatorio de las leyes de ordenamiento territorial, sean sancionados penalmente.
En el tema del agua potable y drenaje, se aprobó que el servicio de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será prestado por el Gobierno de la Ciudad, cerrando el paso a la privatización de esos servicios.
Sobre medio ambiente, quedó establecido que se creará un organismo público.
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