Tercer informe del procurador capitalino: en junio, cobertura total de sistema oral

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de marzo.- Para el 16 de junio de este año, la totalidad de los delitos cometidos en la Ciudad de México deberán investigarse bajo las prevenciones que se establecen para el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Para ello, se realiza un proceso de reorganización institucional y adecuación administrativa dentro de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de acuerdo con el tercer informe de labores que rendirá el titular de la dependencia, Rodolfo Ríos Garza, el jueves ante la Asamblea Legislativa.

En el documento, al cual tuvo acceso Excélsior, el procurador señala que desde el 16 de enero, cuando fue puesto en marcha el modelo adversarial, se han iniciado cinco mil 584 carpetas de investigación.

También, que en la atención de delitos no graves se atendió en principio la substanciación de los procedimientos penales relativos a delitos culposos y de los que se investigan por querella o acto equivalente de parte ofendida, así como de actos de investigación que requirieran autorización previa de los jueces de control inherentes a estos ilícitos.

Ríos Garza admite que la transición al nuevo esquema procesal conlleva la necesaria adecuación administrativa de la Procuraduría capitalina, que impacta en la estructura, funciones y tareas de capacitación internas.

De acuerdo al informe, la PGJDF mantiene una reorganización institucional, pero continúa realizando sus labores a través de las cinco subprocuradurías con las que cuenta.

Detalla que tras el inicio del sistema acusatorio, de las 10 fiscalías de investigación que integran la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, siete han ajustado sus procedimientos al corresponderles el conocimiento de algunos delitos, mientras que en la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas el sistema se ha implementado en sus 18 fiscalías.

Por lo que refiere a la Subprocuraduría de Procesos, ocho de sus fiscalías mantendrán vinculación directa con procedimientos acusatorios.

A su vez, ante la posibilidad de que la autoridad judicial intervenga en la ejecución de las sanciones penales, se planea la creación de la Fiscalía de Ejecución de Sanciones Penales, que se integrará con agentes del Ministerio Público que intervendrán ante los jueces de ejecución en los procedimientos que se inicien, derivados de solicitudes de beneficios penitenciarios o de otro tipo de cuestiones que plantee el sentenciado ante dicha autoridad jurisdiccional.

Ríos Garza explicará a los diputados locales que en la implementación del Sistema Penal Acusatorio, así como en sus procesos de enjuiciamiento, intervienen hasta el momento tres mil 283 servidores públicos debidamente capacitados.

Respecto a las cifras, el documento señala que del 1 de marzo de 2014 al 28 de febrero pasado fueron desarticuladas 486 bandas delictivas y se logró la detención de mil 822 sujetos que las integraban.

En consecuencia, se desactivaron 25 bandas dedicadas al robo de vehículos con y sin violencia, y se detuvo a 85 de sus miembros; se desmantelaron 12 organizaciones de secuestradores, lográndose el rescate de 63 víctimas y el aseguramiento de 53 de sus integrantes; se disociaron 87 bandas especializadas en robo a transeúnte, capturándose a 336 probables responsables; se desarticularon cuatro grupos dedicados al robo a transportista y se detuvo a 19 partícipes.

Por lo que hace al robo en unidades del transporte público, se desintegraron 21 bandas y se capturó a 67 indiciados; mientras que en materia de robo a negocio con violencia se desmembraron 38 agrupaciones delictivas y se detuvo a 138 implicados.

También se iniciaron 206 mil 404 averiguaciones previas y carpetas de investigación, de las cuales 177 mil 234 correspondieron a delitos del fuero común. De éstas, 142 mil 365 se relacionaron con delitos considerados de bajo impacto y 34 mil 869 a ilícitos de alto impacto.

Resultados en cifras

Algunos datos contenidos en el informe que el procurador presentará el jueves a los diputados locales:

• Se iniciaron cinco mil 584 carpetas de investigación.
• Se efectuaron 57 mil 389 puestas a disposición.
• Se consignaron 24 mil 577 personas como probables responsables.
• Siete mil 359 de ellos fue por  delitos de alto impacto y 17 mil 218 por la comisión de ilícitos de bajo impacto.