Los senadores y los diputados en los últimos meses han convertido la tribuna parlamentaria en una auténtica arena de lucha de la descalificación personal. En ella, no sólo se ha arropado la presencia de debates estridentes y disputas partidistas coyunturales, sino que también se ha llegado al grado del enfrentamiento físico y la agresión verbal, que sólo sirve para alimentar los reflectores de la política y la atención de la opinión pública, lastimando a la democracia en su ejercicio más puro que es el debate de las ideas.
La tarea legislativa es una labor profunda, compleja y sensible, exige no sólo capacidad técnica, sino templanza pública para materializar las demandas ciudadanas en normas jurídicas que guarden sentido y congruencia pública: en lo social, en lo económico y en lo político.
La esencia del trabajo legislativo —que radica en el análisis técnico, la deliberación responsable y la prospección jurídica— no debe invisibilizarse ante cortinas de humo. El impacto de una reforma constitucional o legal no se mide en el número de porras, agresiones o descalificaciones que genera su votación, sino en su capacidad para incidir en el desenvolvimiento de las instituciones y la reconfiguración de las relaciones del Estado con sus ciudadanos. Es aquí donde se construye nación.
Esta aparente desconexión entre la narrativa coyuntural y la trascendencia estructural, se vive todos los días. Sólo por citar un ejemplo, en la reciente reforma aprobada en materia de fiscalización, enfocada en robustecer las capacidades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Mientras la discusión pública se concentraba en el relevo y nombramiento de su titular con señalamientos, las modificaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la Ley de Coordinación Fiscal pasaron casi desapercibidas para el grueso de la población, a pesar de que representan un cambio de paradigma en el combate a la corrupción y el control del gasto público.
El alcance de esta reforma es profundo, rediseña las reglas de operación de la administración pública principalmente en sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Dota al órgano fiscalizador de una proactividad inédita, transformándolo de un ente meramente reactivo e histórico a un supervisor con capacidad de intervención oportuna y directa, transparenta la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos federalizados, disminuye plazos y términos, incorpora sistemas tecnológicos de control y seguimiento, incrementa las sanciones ante la falta de cooperación de los entes fiscalizados, su espectro de investigación no se circunscribe sólo a los resultados de las auditorías, su relación con otros entes fiscalizadores se fortalece y el trabajo que despliega ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), así como ante la Fiscalía General de la República (FGR), se dinamiza.
Sólo este ejemplo demuestra que la tarea legislativa sí se hizo, logró desprenderse del cálculo político y operó con rigor técnico, pero este resultado no sumó en el tablero de la confianza ciudadana, pasó inadvertido. Importaron más los señalamientos y las descalificaciones.
El reformular el trabajo legislativo no significa claudicar en los principios, las convicciones y la visión de proyecto de nación. Trabajemos alejados de los intereses que no suman en la construcción de la democracia.