Vecinos de Coyoacán acusan intimidación y daño ambiental por desarrollo habitacional

Habitantes de Parque San Andrés lograron que el INVEA y la alcaldía colocaran sellos de suspensión en un predio donde el INVI proyecta construir dos torres con 65 departamentos

El INVEA y la alcaldía Coyoacán suspendieron las obras del INVI en Parque San Andrés tras denuncias por intimidación de presuntos golpeadores y falta de permisos.
El INVEA y la alcaldía Coyoacán suspendieron las obras del INVI en Parque San Andrés tras denuncias por intimidación de presuntos golpeadores y falta de permisos.Ricardo Vitela

Habitantes de la colonia Parque San Andrés, en la alcaldía Coyoacán, denunciaron presuntas irregularidades en la demolición de una propiedad de aproximadamente mil metros cuadrados, donde se pretende construir un conjunto habitacional del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), integrado por dos torres con 65 departamentos y 30 cajones de estacionamiento.

Los vecinos acusaron que el predio fue ocupado por un grupo de personas a quienes identificaron como presuntos golpeadores, quienes, aseguran, han intimidado a los habitantes de la zona para permitir el avance de los trabajos de demolición y preparación del terreno.

De acuerdo con los testimonios vecinales, el inmueble era conocido durante décadas como la casa de los Pavos Reales, debido a que sus antiguos propietarios mantenían estas aves en la propiedad. Tras el fallecimiento de los dueños, el inmueble comenzó a ofrecerse en venta y, desde hace aproximadamente ocho días, maquinaria pesada ingresó para demoler prácticamente toda la construcción.

La preocupación aumentó cuando los habitantes solicitaron información sobre el proyecto y les informaron que inicialmente solo existía autorización para realizar trabajos de demolición. Sin embargo, señalaron que nunca se les presentó información completa sobre el proyecto habitacional, sus permisos, dictámenes estructurales ni los estudios de impacto correspondientes.

Uno de los hechos que detonó la inconformidad fue el derribo de un árbol que, según los vecinos, se encontraba en buenas condiciones. Acusaron que durante la madrugada del miércoles una máquina comenzó a dañar el tronco hasta provocar su caída sobre el terreno de un jardín de niños colindante. Los habitantes sostienen que el ejemplar estaba sano y que previamente habían solicitado la intervención de especialistas para realizar un inventario del arbolado, sin que se permitiera el acceso de un biólogo enviado por las autoridades.

La tensión escaló cuando, de acuerdo con los denunciantes, más de 300 personas llegaron al lugar y se registró un enfrentamiento con habitantes que se oponen a la construcción. Aseguraron que algunos de los presuntos agresores portaban bates y piedras, situación que generó temor entre las familias de la colonia.

Ante las denuncias y la presión de los habitantes, autoridades del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y de la alcaldía Coyoacán acudieron al predio y finalmente colocaron sellos de suspensión de actividades y cancelación de la obra, con lo que quedaron detenidos los trabajos de demolición y construcción. Los vecinos señalaron que la primera intervención de las autoridades se vio obstaculizada por personas que impedían colocar los sellos, por lo que fue hasta el viernes, alrededor del mediodía, cuando se concretó la suspensión.

Actualmente, representantes vecinales, abogados, arquitectos, ingenieros y especialistas sostienen reuniones con autoridades para exigir información y revisar la legalidad del proyecto.

Los inconformes advirtieron que mantendrán su resistencia por la vía legal y señalaron que la construcción de dos torres en una colonia donde predominan edificaciones de tres niveles podría generar afectaciones en materia de agua, movilidad, servicios y seguridad estructural, particularmente por tratarse de una zona sísmica.

La postura de los habitantes de Parque San Andrés es rechazar el proyecto habitacional y exigir que sea reubicado. Advirtieron que continuarán con las acciones legales y vecinales necesarias para impedir que se concrete una obra que, aseguran, vulnera sus derechos y la tranquilidad de la comunidad.