Diputados proponen “vía rápida” para atender a víctimas de despojo
Los legisladores panistas también propusieron identificar patrones para detectar posibles vínculos entre personas, inmuebles, notarios e intermediarios
El diputado local del PAN, Andrés Atayde, presentó una iniciativa para establecer una vía rápida para las controversias civiles por despojos, que permita garantizar una justicia ágil y uniforme en todo el país.
Para ello, el coordinador de la bancada de Acción Nacional, propuso una reforma al Artículo 351 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que cuando haya una controversia civil sobre reparación integral del daño derivado de despojo “se tramiten siempre por la vía del juicio oral”.
Argumentó que ésta excepción al artículo 351 se sustenta en “la naturaleza urgente del daño patrimonial que el despojo ocasiona; el riesgo de que el inmueble sea objeto de actos de disposición sucesivos; la dificultad práctica de revertir, una vez consumados actos registrales o jurídicos y la necesidad de una respuesta procesal uniforme en todo el territorio nacional”.
Por su parte el vicecoordinador de la bancada, el diputado Diego Garrido, presentó una iniciativa para reformar la ley orgánica de la fiscalía local y crear una Fiscalía Especializada en Investigación de Despojo y Delitos contra la Propiedad Inmobiliaria, de carácter permanente y con competencia en toda la Ciudad de México.
La propuesta contempla capacidades especializadas de investigación, incluyendo ministerios públicos, policías, peritos, análisis patrimonial y registral, así como coordinación permanente con el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
Se plantea identificar patrones y coincidencias entre carpetas, para detectar posibles vínculos entre personas, inmuebles, poderes, gestores, abogados, notarios e intermediarios.
El objetivo es superar la dispersión de carpetas entre agencias generales mediante una instancia especializada capaz de reconstruir integralmente los hechos: quién obtuvo el inmueble, quién proporcionó documentación, quién ordenó o ejecutó las acciones, quién comercializó la propiedad y quién recibió el beneficio.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) se limitaría a investigar y perseguir hechos que puedan constituir delito, proteger a las víctimas y contribuir a la reparación integral del daño conforme a la legislación aplicable.
La iniciativa fue turnada a comisiones para ser dictaminada.