IECM reconoce vacíos legales ante promoción anticipada de aspirantes

A cinco meses del arranque de precampañas para el proceso del 2027, el Instituto Electoral de la Ciudad de México reconoció que existen zonas grises en la legislación electoral frente a la actividad de actores políticos que ya comenzaron a posicionarse públicamente rumbo a la renovación de alcaldías, diputaciones locales y otros cargos de elección popular.

El periodo de precampañas iniciaría el 4 de enero del próximo de 2027.

La presidenta de la Comisión de Quejas del IECM, Sonia Pérez Pérez, señaló que, aunque el organismo cuenta con mecanismos para atender denuncias por actos anticipados de precampaña y campaña, la autoridad electoral no tiene facultades para regular los procesos internos de los partidos políticos, lo que limita su capacidad de actuación en algunos casos. “Los procesos internos de los partidos políticos están dentro de su ámbito de atribuciones y constitucionalmente no nos podemos meter a regularlos”, explicó Pérez Pérez.

Ello, al dar a conocer a este diario que durante 2026 el Instituto ha recibido 101 quejas relacionadas con distintas conductas electorales, de las cuales 43 incluyen señalamientos por presuntos actos anticipados de precampaña o campaña.

Sin embargo, precisó que hasta ahora no se han encontrado elementos suficientes para iniciar procedimientos sancionadores por esa causa. “En el análisis no hemos encontrado elementos objetivos para sustanciar procedimientos vinculados con actos anticipados de campaña”, afirmó.

La presidenta de la Comisión de Quejas explicó que no existe una regla que establezca que la promoción de una persona se convierte automáticamente en ilegal por realizarse determinado tiempo antes de una elección.

Indicó que las resoluciones de las autoridades electorales se basan principalmente en el contenido de los mensajes, particularmente cuando incluyen llamados expresos al voto, referencias directas a una candidatura o intentos evidentes de posicionamiento electoral. “Más que la temporalidad, lo relevante es el contenido. Lo que revisan las autoridades es si existe un posicionamiento anticipado o llamados expresos al voto”, sostuvo.

Respecto a las acusaciones sobre el presunto uso político de programas sociales por parte de legisladores, alcaldes y otros servidores públicos, Pérez Pérez recordó que la Constitución prohíbe utilizar recursos gubernamentales con fines electorales.

Añadió que las denuncias por promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos o vulneración al principio de imparcialidad pueden presentarse en cualquier momento, incluso fuera de los periodos formales de campaña. “Las personas servidoras públicas no pueden utilizar programas sociales ni recursos públicos para posicionarse políticamente. Esa prohibición aplica en todo momento”, señaló.

La consejera explicó que, en caso de acreditarse alguna irregularidad, pueden imponerse multas y, tratándose de funcionarios públicos, dar vista a órganos internos de control, contralorías o instancias superiores para determinar responsabilidades administrativas.

Sobre las propuestas para transparentar el origen de los recursos utilizados por aspirantes que realizan actividades de posicionamiento previo a las campañas, Pérez Pérez indicó que se trata de un tema relacionado con la fiscalización de partidos políticos y aspirantes, una atribución que corresponde principalmente al Instituto Nacional Electoral.

El 25 de julio pasado Excélsior publicó que, a menos de un año de la jornada electoral, militantes y cuadros de diversos partidos han intensificado su presencia en territorio mediante la entrega de apoyos, jornadas de vacunación, actividades comunitarias y propaganda temática con la que buscan posicionar su imagen entre potenciales electores.

Aunque especialistas en materia electoral consideran que algunas de estas actividades se acercan a la promoción personalizada o a actos anticipados de campaña, el actual marco normativo dificulta acreditar infracciones y aplicar sanciones.