El gobierno de la Ciudad de México renueva acuerdo de facilidades administrativas por sismo de 2017

A pesar de la controversia generada por el colapso del inmueble ubicado en calzada San Antonio Abad 124, el gobierno de la Ciudad de México emitió un nuevo acuerdo de facilidades administrativas para los edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Esta resolución busca agilizar los procesos de reconstrucción mediante la exención de trámites, permisos y autorizaciones, además de otorgar beneficios fiscales significativos para los inmuebles que aún se encuentran en etapa de demolición, rehabilitación o en procesos jurídicos de regularización.

La medida fue publicada el 15 de mayo en la Gaceta Oficial por la jefatura de gobierno y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

El objetivo primordial es concluir el programa de reconstrucción a través de la condonación de pagos de contribuciones, aprovechamientos y sanciones relacionados con la obtención de licencias y registros de obra.

Asimismo, el acuerdo instruye a dependencias como la Secretaría de Vivienda, la Secretaría de Gestión Integral del Agua y las alcaldías a reducir al máximo los tiempos para la tramitación de escrituraciones, dictámenes de seguridad estructural y estudios de factibilidad de agua.

Agilizar y reducir al máximo tiempos para la tramitación de autorizaciones, permisos, licencias, inscripciones, avisos, escrituración o cualquier acto administrativo o jurídico, cuya expedición esté a cargo de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México involucradas en la reconstrucción.”

El esquema también contempla facilidades en materia de protección al medio ambiente, agilizando los permisos para el manejo de residuos de construcción, así como las autorizaciones para poda o derribo de especies arbóreas necesarias para la ejecución de las obras.

Este marco normativo que fue emitido ya había operado durante el ejercicio fiscal 2025; sin embargo, las autoridades determinaron su renovación debido a que aún existe un universo de atención por parte del Instituto de Vivienda (Invi) y la Comisión de Reconstrucción que requiere este apoyo administrativo para finalizar sus procesos jurídicos y técnicos durante el año 2026.

Cabe recordar que el edificio que colapsó el 9 de marzo en San Antonio Abad, donde perdieron la vida tres trabajadores, operaba bajo este esquema de facilidades.

El incidente desató una fuerte polémica sobre si la relajación de trámites comprometió la supervisión de las normas de seguridad. Ante esto, la nueva versión del acuerdo incluye una cláusula de protección donde se aclara que la exención de permisos no libera a los beneficiarios ni a los directores responsables de obra de cumplir con las medidas de seguridad, verificaciones y visitas técnicas obligatorias para salvaguardar la integridad física en las zonas de trabajo.

“Las facilidades administrativas previstas en la presente resolución no eximen del cumplimiento de las determinaciones, medidas de seguridad, requerimientos, verificaciones, supervisiones, visitas técnicas o resoluciones emitidas”, se establece.