Defensores públicos de la CDMX acusan despidos injustificados
Defensores públicos que durante el último año encabezaron marchas y recursos legales para exigir condiciones dignas de trabajo, así como la creación del Instituto de la Defensoría Pública, acusaron una ola de despidos injustificados y procesos de remoción bajo acoso laboral
El defensor Mario Alberto Rodríguez relató a Excélsior que el hostigamiento se recrudeció en agosto, cuando un grupo de 164 servidores interpuso un amparo contra el Congreso local por omisión legislativa.
Según el litigante, la autoridad busca acabar con su fuente de trabajo a costa de lo que sea tras haber acudido a protestar al recinto legislativo el 30 de octubre.
FALTAS FABRICADAS
Rodríguez detalló que, tras solicitar vacaciones autorizadas en enero, sus superiores desaparecieron el documento de incidencia que acreditaba el permiso.
En enero pedí una semana de vacaciones que mi jefe inmediato autorizó, pero primero escondieron la incidencia (...) y días después, Juan López Villanueva, director general de Defensoría Pública, dijo que no se autorizaron, pero eso no me lo avisaron por ningún medio.”
Posteriormente, López utilizó esos días como supuestas inasistencias para iniciarle dos procedimientos administrativos de remoción por los mismos hechos: el primero el 27 de enero en el expediente DGSL/DDP/PR/002/2026, con un acta circunstanciada levantada en el Reclusorio Oriente.
Entonces, el defensor presentó demanda de amparo que se turnó al juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa con el número de juicio 366/2026 y aún está en trámite.
Después, por los mismos hechos, supuestas faltas al trabajo los días 13, 14, 15, 16, 19 y 20 de enero, le iniciaron un segundo procedimiento el 7 de abril en el expediente SAF/DGAPyDA/DEPRL/1933/2026.
“López Villanueva omitió información absolutamente relevante a los jueces de distrito en materia administrativa (...) ocultó que mis supuestas inasistencias son los mismos hechos”, señaló.
“Viola la seguridad jurídica, la prohibición de no juzgar dos veces los mismos hechos (...) buscaron como represalia acabar con mi fuente de trabajo”.
El defensor público agregó que existe el rumor de que buscan despedir a 60 personas más.
ACUSAN Hostigamiento
El caso de la defensora Zaira Pérez muestra otro ángulo: el acoso por asociación.
Aunque no participó en las marchas, aseguró que el acoso comenzó por ser una persona cercana a Rodríguez.
A Pérez se le inició un proceso de remoción bajo por representar a una persona privada de la libertad sin estar autorizada; sin embargo, sostiene que contaba con el aval de sus jefes de unidad y subdirectores.
Es un venezolano que llegó huyendo del golpe de Estado de Nicolás Maduro (...) el 7 de noviembre de 2025 yo estaba con él, con la representación en la etapa de ejecución y me dijo, ‘oye ¿Y si me representas tú en la etapa de juicio?’ y le dije déjame pedir autorización.”
Me acerqué a Salvador Santillán (jefe de unidad departamental jurídico y de procesos penales) y le comenté el contexto y él me dijo ‘por mí no hay problema’, me pidió que llenara tres cédulas y solicitara que la nombran como defensora en ese caso.”
Eso fue a finales de 2025 y el 23 de enero entregó la documentación que le pidieron.
“Se la presenté a Santillán, me dijo ‘está bien, no hay problema, tú ve y presentante a las audiencias”, explicó.
También le informó de la situación a la subdirectora, Carmen Trujillo, y ella aceptó.
El 19 de febrero el venezolano la nombró como su defensora; sin embargo, el 25 de marzo, cuando la defensora pidió la carpeta del caso, le respondieron que no se la podían dar porque otra abogada se había ostentado con el cargo y sería la responsable.
Ella entregó una nota informativa a sus jefes sobre la situación y habló por teléfono con la subdirectora Trujillo.
“Me dijo que yo sólo tenía autorización para representar (al venezolano) en el período de ejecución, no en la etapa de juicio (...) y le recordé que ella me autorizó”, narró.
El 16 de abril le llegó un oficio en el que “Trujillo me estaba instruyendo que me abstuviera de conocer cualquier procedimiento y que no podía representar y vi que no había fundamento legal”.
El 29 de abril le notificaron que se había iniciado un procedimiento de remoción y uno de los problemas es que le argumentan que tiene varias faltas. Los días que asesoró a la persona privada de la libertad y que estuvo en sus audiencias se las contaron como inasistencias porque “no tenía autorización de representarlo”.
Excélsior buscó la postura de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX respecto a estas denuncias; sin embargo, al cierre de esta edición, no hubo respuesta por parte de la dependencia.