Congreso de la CDMX aprueba Plan B de reforma electoral
Los partidos de oposición se manifestaron en contra al asegurar que la modificación será un mecanismo de control
Con el voto en contra de partidos de oposición, el Congreso de la Ciudad de México, en su calidad de integrante del Constituyente Permanente, aprobó la minuta sobre la reforma a la Constitución Política Federal para limitar regidurías municipales, adecuar el presupuesto de congresos estatales y establecer límites a sueldos de funcionarios electorales, mejor conocida como Plan B de la Reforma Electoral.
La minuta constitucional, que fue enviada por el Congreso de la Unión a los poderes legislativos locales, establece que la integración de los ayuntamientos tendrán un límite de hasta 15 regidurías, electos bajo los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva; por cuanto hace al límite al presupuesto de las legislaturas locales, se fija un tope de 0.70 por ciento del presupuesto de egresos estatal.
De igual manera, la reforma limita percepciones de los altos mandos electorales, por lo que los salarios de consejeros y magistrados electorales no podrán superar los de la Presidenta de la República.
Mecanismo de control
Al anunciar su voto en contra, el Grupo Parlamentario del PAN señaló que el Plan B debilita la democracia, no atiende los problemas reales del sistema electoral y abre la puerta a riesgos, como la injerencia del crimen organizado.
Durante su posicionamiento, el diputado Ricardo Rubio sostuvo que la minuta “no es una reforma electoral, sino un mecanismo de control político vía presupuesto”, cuestionó la falta de medidas para combatir la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales.
Advirtió que la reducción presupuestaria a instituciones electorales “no fortalece la democracia, la hace más vulnerable”, calificó la política de austeridad como un “austericidio” que debilita las capacidades técnicas del sistema electoral.
En el mismo sentido se manifestó el legislador Raúl Torres, quien consideró en tribuna que el Plan B forma parte de una serie de intentos del oficialismo por debilitar la democracia.
El panista Diego Orlando Garrido López consideró que la modificación a la Carta Magna busca debilitar al árbitro electoral.
Ante el Pleno Legislativo, la diputada priísta Tania Nanette Larios, consideró que el Plan B carece de credibilidad y autoridad moral. Además, que pretende cooptar el último pendón que sostiene la democracia en México.
En su turno, la pevemista Yolanda García Ortega sostuvo que el presupuesto público debe utilizarse para atender las demandas de la gente, “no para construir imágenes personales ni intereses políticos”, insistió en que la minuta responde a ello.
Habrá fortalecimiento institucional
Por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la legisladora Patricia Urriza Arellano, consideró que el Plan B sólo es una modificación administrativa cosmética, porque no cambia a profundidad el sistema electoral.
En defensa, la morenista Valentina Batres aseguró que esta reforma constitucional no solo pone un límite al presupuesto de las legislaturas estatales, sino también “le cierra el paso a las remuneraciones y prestaciones de la alta burocracia”.
A su vez, la también integrante de Morena, Yuriri Ayala, afirmó que el llamado Plan B contribuye al fortalecimiento institucional y la vida democrática de México.
Con la votación a favor, en el Congreso de la Ciudad de México se convirtió en la entidad 15 en aprobar la iniciativa del Plan B electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el dictamen fuera aprobado en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Dos horas más tarde, este mismo jueves la reforma fue aprobada por los congresos de Tlaxcala y Veracruz, con los que suman 17 las entidades federativas que han dado su aval.
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