Cártel del Despojo en CDMX: operación e impunidad
Red de despojo opera con violencia, litigios y presuntas influencias en la CDMX.
La certeza jurídica patrimonial en la Ciudad de México enfrenta una grave amenaza ante el embate del denominado "Cártel del Despojo", una red delictiva que ha propiciado la apertura de casi dos mil carpetas de investigación por este delito en tan solo seis meses.
Pese a esta crisis, la estructura opera de manera coordinada desde 2023 en colonias de alta plusvalía de la alcaldía Benito Juárez —como Matías Romero y Patricio Sanz—, así como en las demarcaciones Roma Norte, Condesa, Escandón y Xoco, empleando a grupos de choque para apoderarse violentamente de los predios y cambiar las cerraduras de forma arbitraria.
El liderazgo legal y estratega de esta red recae en el litigante Arturo Aparicio Velázquez, también conocido como el "Mago Makartur". Aparicio fomenta públicamente la ocupación ilegal de bienes en redes sociales presentándola como "defensa comunitaria" contra la gentrificación, mientras promueve una estrategia de amparos masivos para congelar licencias y paralizar obras.
Entre 2020 y 2026 ha promovido más de 30 recursos contra dependencias como la Alcaldía Cuauhtémoc, la PAOT y el INVEA, con el fin de exigir pagos multimillonarios a cambio de desistirse. La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) y trabajadores de la construcción han denunciado pérdidas de empleos y violencia derivada de estos "amparos exprés".
El poder operativo del abogado se sustenta en una red de influencias. Medios de comunicación destacan el nexo con su hermano, José Alfonso Aparicio Velázquez, secretario auxiliar de acuerdos en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde donde presuntamente se facilita respaldo procesal.
A esto se suma la colaboración de José René Rivas Valladares, exfuncionario capitalino investigado por despojo, y anomalías como la acusación contra la tía de Aparicio por el presunto desvío de $318,188 pesos destinados a la seguridad estructural de un edificio en la Roma Norte, donde el litigante se negó a devolver los fondos justificándolos como un "convenio entre particulares".
Ciudadanos y comunidades de la zona exigen la intervención urgente de la Fiscalía capitalina y el Poder Judicial para frenar el saqueo patrimonial.