El día que le dijimos adiós al Distrito Federal
El 29 de enero de 2016 el Distrito Federal dejó de existir y nació la Ciudad de México como entidad federativa con autonomía constitucional.
El 29 de enero de 2016 quedó inscrito como una fecha de inflexión en la historia política y simbólica de la capital mexicana. Ese día se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que transformó jurídicamente al Distrito Federal en la Ciudad de México, cerrando un ciclo institucional que se remontaba al siglo XIX.
Durante décadas, el Distrito Federal fue una anomalía dentro del federalismo mexicano: sede de los poderes de la Unión, pero sin la plena autonomía política de los estados. Esa condición híbrida marcó de manera profunda la vida cívica, administrativa y cultural de la capital, y definió una relación ambigua —a veces tensa— entre el gobierno local y la federación.
La reforma política de 2016, impulsada y promulgada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, buscó corregir esa anomalía histórica. No se trató únicamente de un cambio de nombre, sino de una reconfiguración del estatus constitucional de la ciudad y de la forma en que sus habitantes se relacionan con el poder.
De departamento administrativo a entidad federativa
El decreto estableció que la Ciudad de México dejaba de ser un departamento administrativo sujeto a la federación para convertirse en una entidad federativa con autonomía propia. Aunque conservó su carácter de capital del país, adquirió facultades semejantes a las de un estado, en un delicado equilibrio entre soberanía local y funciones federales.
Uno de los cambios más visibles fue la desaparición de las delegaciones políticas, figuras creadas en el siglo XX para administrar el territorio urbano. En su lugar surgieron las alcaldías, encabezadas por un alcalde electo y un concejo con funciones de supervisión y contrapeso, una novedad institucional en la vida cotidiana de la ciudad.
Este rediseño territorial trajo consigo una nueva narrativa política para los gobiernos locales. Las alcaldías comenzaron a presentarse como espacios de representación ciudadana más cercanos, aunque desde el inicio enfrentaron críticas por la limitada amplitud real de sus atribuciones frente al gobierno central de la ciudad.
Una constitución propia y nuevos equilibrios de poder
Otro pilar de la reforma fue la posibilidad de que la capital contara, por primera vez, con una constitución propia. La redacción de ese texto, promulgado en 2017, fue entendida como un acto fundacional: un intento por dotar a la ciudad de una identidad jurídica acorde con su complejidad social, cultural y demográfica.
La creación del Congreso de la Ciudad de México, en sustitución de la antigua Asamblea Legislativa, completó el nuevo entramado de poderes locales. Con ello se reforzó la división de poderes y se amplió el margen de deliberación política sobre los asuntos específicos de la capital.
Desde una perspectiva crítica, la reforma fue recibida con expectativas encontradas. Para algunos analistas representó un avance democrático largamente postergado; para otros, un cambio incompleto que mantuvo zonas grises en la relación entre la ciudad y la federación.
El peso simbólico del adiós al “DF”
En el terreno simbólico, el abandono del nombre Distrito Federal tuvo un impacto profundo en la imaginación colectiva. El “DF”, cargado de connotaciones históricas, literarias y afectivas, comenzó a desaparecer del lenguaje oficial, aunque siguió vivo en la memoria urbana y en la cultura popular.
La sigla “CDMX”, promovida como marca institucional, buscó proyectar una imagen contemporánea y global de la ciudad. Su adopción, sin embargo, no estuvo exenta de resistencias, sobre todo entre quienes veían en el antiguo nombre un signo de identidad compartida y arraigada.
El periodo de transición evidenció las tensiones entre la norma y la práctica. Durante meses —e incluso años— coexistieron documentos oficiales, señalética y discursos públicos que alternaban entre Distrito Federal y Ciudad de México, reflejo de la inercia burocrática y de la dificultad de transformar estructuras profundamente arraigadas.
Balance histórico y debates abiertos
Desde el ámbito académico, la reforma ha sido analizada como un caso singular dentro del constitucionalismo latinoamericano. Juristas y politólogos han señalado que la Ciudad de México encarna un modelo híbrido, distinto tanto de un estado federado clásico como de una capital plenamente federalizada.
Historiadores urbanos subrayan que este cambio jurídico forma parte de un proceso más largo de emancipación política de la capital, iniciado con la elección directa de su jefe de gobierno en 1997. En esa lectura, 2016 aparece más como una culminación que como un punto de partida.
No han faltado tampoco las controversias. Diversas voces han cuestionado si la nueva arquitectura institucional ha logrado mejorar de manera efectiva la gobernabilidad, la rendición de cuentas y la calidad de vida en una de las metrópolis más grandes y complejas del mundo.
A una década de distancia, el 29 de enero de 2016 puede leerse como un momento de redefinición identitaria. La Ciudad de México comenzó a pensarse no solo como sede del poder nacional, sino como sujeto político con derechos, responsabilidades y voz propia.
El antiguo Distrito Federal quedó inscrito en los archivos, en los libros de historia y en la nostalgia de sus habitantes. La Ciudad de México, en cambio, continúa escribiéndose día a día, entre promesas de autonomía, desafíos urbanos persistentes y la búsqueda constante de una identidad a la altura de su complejidad.
Datos clave de la reforma
El decreto de reforma constitucional fue publicado el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación y modificó, entre otros, los artículos 44, 73, 74, 76, 89, 104, 105, 107, 116 y 122 de la Constitución.
De acuerdo con datos del INEGI, en ese momento la capital concentraba más de 8.9 millones de habitantes (Censo Intercensal 2015), con una densidad superior a 5 900 habitantes por kilómetro cuadrado, la más alta del país.
La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México estuvo integrada por 100 miembros:
- 60 electos por voto popular
- 40 designados por los poderes federales y locales
La Constitución local fue promulgada el 5 de febrero de 2017 y entró en vigor el 17 de septiembre de 2018.
Según análisis publicados en Excélsior, el nuevo marco jurídico otorgó a la ciudad competencias propias en hacienda pública, régimen interior y derechos sociales, aunque mantuvo restricciones específicas derivadas de su condición de capital del país.
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