Telegram estalla contra Sánchez y sus planes para controlar las redes sociales en España
El fundador de Telegram alerta de que los planes del Gobierno para regular redes sociales pueden amenazar la privacidad y la libertad de expresión

Como ya hizo el empresario Elon Musk, el fundador de la empresa de mensajería Telegram, Pavel Durov, criticó los planes anunciados por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para reforzar la regulación de las redes sociales, al advertir que podrían suponer una amenaza para la libertad de expresión.
En un mensaje difundido en su propia plataforma, Durov calificó las iniciativas impulsadas por Sánchez como “regulaciones peligrosas” y alertó de que el objetivo declarado de proteger a los usuarios podría derivar, en la práctica, en un modelo de “Estado de vigilancia”.

Preocupación por la verificación de edad y la privacidad
El empresario cuestionó en primer lugar la propuesta de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años mediante sistemas obligatorios de verificación de edad. Según Durov, esta medida obligaría a las plataformas a implantar controles estrictos y establecería “un precedente para rastrear la identidad de cada usuario”, un escenario que considera incompatible con la privacidad digital.
Asimismo, expresó inquietud ante la posibilidad de imponer responsabilidad penal a directivos de las plataformas si no retiran con rapidez contenidos considerados ilegales o perjudiciales. A su juicio, esto incentivaría la “sobrecensura” y podría silenciar disidencias políticas, periodismo y opiniones críticas.
El choque con Elon Musk y la respuesta del Gobierno
Las declaraciones del fundador de Telegram se suman a las del magnate Elon Musk, propietario de la red social X, quien acusó esta semana a Sánchez de “tirano” y “traidor” tras el anuncio de las medidas. El cruce de reproches refleja un nuevo choque entre responsables políticos europeos y grandes actores tecnológicos.

Sánchez respondió a ambos con una cita adaptada de una expresión popular atribuida a Don Quijote, con la que dio a entender que las críticas confirman que avanza en la dirección correcta.
“Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”, escribió el presidente en X.
Fuentes de la presidencia del Gobierno español señalaron que Durov utilizó “su control” sobre Telegram para enviar “un mensaje masivo a todos los usuarios de España” con “mentiras y ataques ilegítimos”. Según estas fuentes, este hecho demuestra la necesidad urgente de regular las redes sociales y las aplicaciones de mensajería móvil.
El marco europeo y los precedentes internacionales
Las iniciativas de Sánchez, presentadas el martes en un discurso en Dubái, se inscriben en un debate especialmente activo en la Unión Europea sobre el control de las plataformas digitales.
Fuera de Europa, Australia se convirtió en diciembre en el primer país en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Otros Estados, como Portugal, Francia, Dinamarca y Reino Unido, analizan o tramitan restricciones similares.

Las propuestas mencionadas por Pedro Sánchez se desarrollan en un contexto regulatorio ya avanzado. Desde febrero de 2024 está en vigor la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que obliga a las grandes plataformas a retirar con diligencia contenidos ilegales, evaluar riesgos sistémicos —incluida la desinformación y el daño a menores— y someterse a auditorías independientes, con sanciones de hasta 6% de la facturación global en caso de incumplimiento.
No obstante, la DSA no establece responsabilidad penal automática para directivos ni impone un sistema único de verificación de edad a escala europea, por lo que cualquier medida de ese tipo requeriría legislación nacional específica y compatibilidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
En cuanto al precedente internacional, Australia aprobó en noviembre de 2024 una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años, con entrada en vigor prevista para 2025. La norma traslada a las plataformas la obligación de implementar mecanismos “razonables” de verificación de edad y contempla multas de hasta 49.5 millones de dólares australianos por incumplimiento.
En Europa, países como Francia y Reino Unido han optado hasta ahora por enfoques graduales, basados en controles parentales reforzados y códigos de diseño apropiado para la edad, sin una prohibición generalizada. Estos matices explican que el debate actual se centre en el equilibrio entre protección de menores, privacidad y libertad de expresión, así como en la proporcionalidad de las obligaciones impuestas a las plataformas.
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