España usará 'huella de polarización' para frenar odio en redes; ¿cómo funciona?

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presentó este martes un conjunto de medidas destinadas a defender los derechos digitales y controlar los contenidos en redes sociales. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la creación de una “huella de odio y polarización”, una herramienta diseñada para frenar la amplificación de discursos de odio.

Durante su intervención en la Cumbre Mundial de los Gobiernos en Dubái, Sánchez detalló cinco acciones concretas con las que el Gobierno busca recuperar el control sobre la gobernanza digital y la responsabilidad de las plataformas sociales. 

Combate al odio y responsabilidad de las plataformas

Una de las medidas principales consiste en combatir los contenidos que fomentan odio y división social, responsabilizando a las propias plataformas por los materiales que permiten y no eliminan.

Para ello, Sánchez anunció la creación de un sistema capaz de “seguir, cuantificar y revelar” cómo las redes sociales alimentan la división y amplifican el odio. Esta herramienta, denominada huella de odio y polarización, servirá para determinar sanciones futuras a las empresas responsables, con la premisa de que difundir odio debe tener un costo ético y económico.

Además, se contempla tipificar como delito la manipulación de algoritmos de recomendación y la amplificación de contenidos ilegales, así como reforzar la lucha contra infracciones relacionadas con material sexualizado de menores, manteniendo tolerancia cero. 

Nuevas responsabilidades y restricciones para menores

En caso de incumplimiento, los directivos de las empresas tecnológicas serán responsables penalmente si no eliminan los contenidos de odio o ilegales.

Como quinta medida, se propone prohibir que menores de 16 años accedan a redes sociales, siguiendo el modelo de la ley australiana que entró en vigor en diciembre, obligando a las empresas a implementar medidas efectivas de verificación de edad. Según el presidente, estas medidas se aprobarán la próxima semana en el Consejo de Ministros. 

Contexto internacional y próximos pasos

La iniciativa española se alinea con un contexto global de regulación de contenidos digitales, similar a la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que obliga a las plataformas a actuar contra contenidos ilegales y peligrosos.

La huella de odio y polarización funcionará como un sistema de monitoreo cuantitativo, aunque aún no se han publicado los detalles técnicos ni los indicadores exactos para medir “odio” o “polarización”.

La propuesta de responsabilizar penalmente a directivos es más estricta que el marco vigente en España, que hasta ahora se centraba principalmente en sanciones económicas. La referencia a la restricción de menores se inspira en la Ley de Seguridad en Línea de Australia (2021) y coincide con la reciente intención de Portugal de limitar el acceso de menores de 16 años a las redes sociales.

El Gobierno prevé que, tras la aprobación en el Consejo de Ministros, se publiquen los criterios técnicos y legales que definirán los algoritmos manipulativos y los estándares para identificar contenido de odio o ilegal.

Un efecto dominó global: restricciones en redes sociales para menores

Esta tendencia que implementa España no es un caso aislado; estamos viviendo un efecto dominó global, liderado por países que buscan reducir el impacto de los algoritmos en la salud mental de los menores.

A día de hoy, estos son los países que están implementando o tramitando medidas similares: 

1. Australia: el pionero

Australia se ha convertido en el referente directo para España. En diciembre de 2024 aprobó una ley histórica que entró en vigor plenamente a finales de 2025.

• Restricción: Prohibición total de acceso a redes sociales para menores de 16 años.
• Responsabilidad: Las plataformas como TikTok, Instagram o X enfrentan multas de hasta 32 millones de dólares si no impiden que los menores creen cuentas. No hay excepciones, ni siquiera con permiso paterno.

2. Francia: rumbo a un “apagón digital”

Francia ha sido muy vocal en este tema, y el presidente Emmanuel Macron incluso ha sugerido un referéndum o un apagón digital para los más jóvenes.

• Medida: En enero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para prohibir las redes a menores de 15 años.
• Adicional: Avances en la prohibición del uso de teléfonos móviles en escuelas secundarias, buscando reducir la exposición digital desde edades tempranas.

3. Reino Unido: de la autorregulación a la obligación

Aunque su enfoque inicial fue la autorregulación, la Ley de Seguridad en Línea (Online Safety Act) ha endurecido las reglas para 2025/2026.

• Enfoque: Obliga a las empresas a usar sistemas robustos de verificación de edad.
• El gobierno británico ha declarado que una prohibición al estilo australiano (menores de 16) está “sobre la mesa” si las plataformas no logran proteger a los niños de contenidos adictivos.

4. Países nórdicos: Dinamarca y Noruega

• Dinamarca: Propuso en octubre de 2025 elevar la edad mínima a 15 años. La primera ministra declaró que las redes “están robando la infancia”.
• Noruega: Lanzó una consulta para elevar el límite de edad de 13 a 15 años, buscando reducir el poder de los algoritmos sobre los menores.

5. Otros países con movimientos recientes

• Portugal: Estudia una limitación de acceso a menores de 16 años.
• Malasia: Desde enero de 2026, obliga a plataformas a prohibir usuarios menores de 16 años.
• Grecia: Evalúa restricciones para menores de 15 años tras declaraciones sobre el “experimento descontrolado” de las redes.
• Italia: Estudia un proyecto para fijar los 15 años como edad mínima y limitar la actividad de kidfluencers.

¿Por qué ocurre esto ahora?

Los gobiernos citan tres razones principales:

• Salud mental: Aumento de casos de ansiedad, depresión y trastornos de imagen corporal vinculados al scroll infinito.
• Seguridad: Dificultad para frenar el ciberacoso y el acceso a contenido sexual o violento.
• Soberanía algorítmica: Conceptos como la “huella de odio” que propone España buscan que el Estado recupere control sobre los contenidos amplificados, evitando que los algoritmos prioricen la polarización para generar clics.

El gran desafío para todos estos países sigue siendo la verificación técnica: cómo comprobar la edad real de un usuario sin vulnerar su privacidad ni recopilar datos biométricos sensibles.

«pev»