Destaca Ricardo Monreal importancia de actuar siempre con apego a la ley, responsabilidad institucional y respeto al debido proceso

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14-05-2026.- El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó la importancia de actuar siempre con apego a la ley, responsabilidad institucional y respeto al debido proceso. 

En entrevista radiofónica, Monreal Ávila afirmó que coincide con lo señalado esta mañana por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “porque si Estados Unidos negó en 37 ocasiones, según su juicio y opinión, a 37 personas por falta de pruebas o porque no fue debidamente sustanciado el procedimiento de extradición, es su derecho, como es el derecho de México a no extraditar si no hay pruebas. Coincido plenamente con ella”.

Resaltó que la relación entre México y Estados Unidos debe ser de “respeto, de cooperación para enfrentar todos los desafíos. Y yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum lo está haciendo muy bien. Y nosotros tenemos que abonar en esto”.

Indicó que en los casos de los funcionarios del Gobierno de Sinaloa “la prisión o la detención provisional que plantea Estados Unidos no se ajusta a la ley de extradición internacional ni al tratado internacional que para tal efecto existe. 

“En principio, todos estos asuntos de extradición deben ser de absoluto sigilo, así lo dice la ley. No pueden ser públicos, no pueden ventilarse en la opinión pública, no pueden filtrarse ante la opinión pública”.

Asimismo, Monreal Ávila distinguió las diferencias entre un juicio político y una declaración de procedencia. “Ambos son controles parlamentarios de tipo jurisdiccional y su trámite recae en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores”. 

Afirmó que “el juicio político tiene como característica, y eso es muy importante, el que el funcionario sea destituido y sea inhabilitado.

“En el caso del juicio político, la Cámara de Diputados actúa como una especie de ministerio público y el Senado actúa como una especie de juez, jurado de sentencia. Ese es el juicio político”. 

Dijo que “la declaratoria de procedencia, ahí sí es de carácter penal. Se debe quitar el fuero o la inmunidad procesal, técnicamente mejor hablado, es inmunidad procesal, para que se proceda penalmente contra un servidor público denunciado por algún delito. 

“En el caso del juicio político, no es así, no implica de ninguna manera poner a disposición del ministerio público o del Poder Judicial al servidor público para que sea penalmente enjuiciado o procesado”. 

Aseveró que en el caso de la solicitud de juicio político contra Rubén Rocha Moya, “no está en funciones el funcionario, ya pidió licencia, ya no ejerce el cargo.

“Y lo único que tendría por motivación el juicio político es que el Senado lo inhabilite y diga tendrás un año, 10 años, 20 años, 100 años para que no ejerza cargo público. Ese es el único alcance que tendría el juicio político”. 

Monreal Ávila enfatizó que éste “no es un asunto de la Junta de Coordinación Política. 

“Primero, es una denuncia ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Luego se turna a la Comisión de Gobernación y también a la de Justicia. A las dos comisiones se turna una vez que se ratifica la denuncia de juicio político. Después, estas comisiones forman una Subcomisión.

“Las dos comisiones, la de Justicia y la de Gobernación, nombran una Subcomisión que se le llama de Examen Previo. Y luego, esta subcomisión es la que determina si procede o no pasarlo al Pleno de las comisiones”. 

Monreal Ávila aseveró que “para ser muy concreto, el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos señala que el juicio político se somete a este procedimiento.

“El escrito de denuncia ante la Secretaría General se ratifica dentro de los tres días siguientes naturales. Una vez ratificado, se envía a las comisiones correspondientes, y luego se forma la subcomisión de estudio. Y esta es la que determina en un dictamen si procede o no procede.

“Incluso se establecen días. La Subcomisión de Examen Previo procede en un plazo no mayor a 30 días hábiles y determina si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos que ameritan juicio político. Este caso es muy claro.

“Por eso, ahí en ningún momento dicen que la Junta de Coordinación Política definirá. No, no es así. Es un procedimiento jurisdiccional en lo que la Junta no determina nada”.

Por ello, agregó que en el caso concreto de “Rubén Rocha ya no se le puede destituir. Él ya está fuera del cargo. Ya no se le puede quitar el fuero.

“En este caso, aplica más, por ejemplo, para Chihuahua, que a juicio de muchos violó la Constitución, el Pacto Federal, la ley. Y en el caso de Chihuahua sí está en funciones. El juicio político sí procedería para destituirla. 

Monreal Ávila enumeró las causas por las que procedería el juicio político: ataque a las instituciones democráticas, a la forma de gobierno, por violación a los derechos humanos, por ataques a la libertad del sufragio, o sea el voto, a la usurpación de funciones, a omisiones graves dentro de su encargo.

“No tiene motivaciones de carácter penal, no tiene motivaciones de carácter criminal, sino simplemente de inhabilitarlo políticamente, como su nombre lo dice, juicio político”.

Monreal Ávila sostuvo que los casos en los que están involucrados funcionarios de los gobiernos de Sinaloa y Chihuahua son “diferentes, y me permite decir que los hallazgos claves son en Chihuahua. En Chihuahua, la Seguridad Nacional, que es facultad exclusiva de la Federación, no de los estados, se violó. El artículo 117 prohíbe expresamente a cualquier entidad federativa celebrar alianzas, acuerdos con gobiernos extranjeros o agencias.

“El Senado determina si tiene facultades o no para exigir cuentas al gobernador por afectar el pacto federal. Entonces, sí es grave lo de la CIA y lo de la DEA que, bajo protocolo de cooperación, se negoció ilegalmente. La agencia CIA es una agencia extranjera que no puede tener acuerdos con los Estados o municipios cuando la Federación no lo autorice”.

Anotó que el artículo 40 de la Constitución Política “es muy claro. Dice que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier acto desde el extranjero. Cualquier acto, subrayo, que sea lesivo de la integridad, de la independencia y la soberanía de la nación. Tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.

“Tampoco consentirá, subrayo, intervención de investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Entonces aquí sí se aplica porque está en funciones la gobernadora. Aquí sí se aplica el juicio político para la destitución”.

Monreal Ávila señaló: “Yo no me quería meter en esto, porque no conviene. Yo siempre he sido respetuoso y siento que el debate nos lleva a eso. Pero yo lo que estoy dando es razones constitucionales, razones jurídicas que privan en el caso.

“En lo político, claro que la Jucopo es la máxima autoridad, es un órgano de acuerdos y lo vamos a resolver. Pero nosotros no vamos a cubrir a nadie y vamos a permitir que se lleve en la Subcomisión de Examen Previo todo y que se desahogue la denuncia presentada por el PAN, que están en su derecho, y yo no cuestiono eso y ojalá y nos pongamos de acuerdo en todo este tipo de asuntos.

“Se va a desahogar por la Subcomisión de Examen Previo la denuncia que ustedes presentaron. Y ellos determinarán con plena autonomía y libertad si procede o no, si ustedes aportaron o no los elementos de prueba”.

Dijo que todo esto “es parte de un proceso que en la Cámara se sigue y que tenemos que seguir dando el debate al interior. Yo lo único que pido es que sea racional, que sea de nivel, que sea con altura, de miras y que le ayude al país. Eso es lo más importante que necesitamos todos”.