Una muchacha o un muchacho sale de su casa a reunirse con amigos o compañeros de la escuela o del trabajo, o con su pareja; o se dirige a clases o al lugar donde trabaja; o acude a una cita a la que se le convocó como aspirante a una plaza laboral. Deja de comunicarse con su familia. Pasan las horas. Los familiares empiezan a preocuparse. ¿Por qué no regresa al hogar? Sus padres van a una agencia del Ministerio Público a denunciar la desaparición. La respuesta de la autoridad ministerial es indolente. La angustia invade a los padres. ¿Por qué no vuelve, por qué dejó de enviar mensajes en su celular? No hay respuestas. La zozobra se ha apoderado de la vida de los allegados. Lo cierto es que el caso aumenta la cifra de desapariciones en nuestro país.
Es sólo un caso, uno solo entre las docenas que ocurren todos los días. Un caso que aumenta levemente la estadística, pero una tragedia de proporciones mayúsculas para la persona desaparecida y todos los que la quieren, una desgracia que marcará para siempre a la familia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado, como lo hizo recientemente el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, que la desaparición en México es generalizada. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, hay más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas. La cifra de cuerpos no identificados bajo custodia del Estado es de más de 70 mil.
El rol del crimen organizado es predominante —observa el informe de la CIDH—, pero “lamentablemente las desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales no han sido aún erradicadas”. El universo de personas desaparecidas incluye niños y jóvenes reclutados por grupos criminales, así como mujeres, niñas y migrantes víctimas de trata con fines de explotación sexual o trabajo forzado, y personas desaparecidas por buscar a sus familiares desaparecidos. En agosto de 2025 se ignoraba el paradero de cerca de 18 mil menores de edad.
El informe muestra que la denuncia del delito se enfrenta a miedo, desconfianza, riesgo de represalias y falta de orientación adecuada a las familias, pérdida o extravío de evidencias, falta de protección de testigos y debilidades en los planes e hipótesis de investigación. La impunidad es casi absoluta. Los pocos casos que llegan a los jueces se tramitan con demoras e inconsistencias.
La Presidenta de la República condena los abusos de los conquistadores encabezados por Hernán Cortés, soslayando los no menos graves cometidos por el imperio azteca contra sus vasallos, que eran esclavizados, sacrificados e incluso devorados. Sin duda, en la Conquista se perpetraron abusos, como en todas las conquistas, pero durante el virreinato también se edificaron catedrales, hospitales y acueductos, se fundaron conventos para hijas de caciques indígenas, se creó la primera universidad del continente y se gestó el mestizaje que dio lugar a nuestro país.
Llama la atención que los vituperios presidenciales se refieran a hechos de hace 500 años cuando hoy mismo el país sufre una crisis de desapariciones forzadas y es uno de los de más alta incidencia en el mundo de homicidios dolosos (incluidos los feminicidios), desplazamientos forzados, secuestros y extorsiones; que la Presidenta haya apoyado invariablemente a Nicolás Maduro (no le antipatiza como Cortés), un dictador responsable de numerosos encarcelamientos arbitrarios, torturas y asesinatos de opositores —para no incomodarlo omitió felicitar a María Corina Machado por la obtención del premio Nobel de la Paz otorgado precisamente por su lucha contra la dictadura—, y se envuelva en el lábaro patrio en defensa de un gobernador que llegó al cargo en una elección durante la cual pistoleros al servicio del crimen organizado secuestraron a representantes de partidos de oposición, rellenaron y robaron urnas, y aterrorizaron a votantes.
¿Es plausible seguir fustigando a Hernán Cortés, un personaje de hace medio milenio sin cuya existencia tampoco existiríamos los mexicanos, al tiempo que se apoya a las dictaduras cubana y venezolana y se cobija a Rubén Rocha Moya y demás exfuncionarios de su gobierno requeridos por la justicia estadunidense?