En asuntos cibernéticos, nuestro país enfrenta una paradoja peligrosa: mientras la vida cotidiana se digitaliza a gran velocidad, las defensas institucionales, legales, educativas y técnicas avanzan a un ritmo mucho menor. Muchos aspectos de la vida cotidiana se han trasladado a las pantallas y, con ello, también el delito. La delincuencia ya no necesita tocar la puerta, hoy puede entrar por un mensaje falso, una llamada manipulada o un enlace fraudulento.
México es uno de los países de América Latina que más ha mostrado su vulnerabilidad frente a ciberataques y ocupa un lugar destacado a nivel mundial, con modalidades como el phishing, la suplantación de identidad, los fraudes financieros y los llamados montadeudas, entre las amenazas más frecuentes. Sólo la Ciudad de México registró más de 14 mil reportes de ciberdelitos a inicios de 2026, con aumento en robo de cuentas y fraudes financieros. Y es necesario decirlo con claridad: el cibercrimen es un problema de seguridad pública, de protección patrimonial, de confianza institucional y de derechos. Detrás de cada engaño, de cada extorsión y de cada fraude, hay familias que pierden sus ahorros, negocios vulnerados, adultos y jóvenes extorsionados e identidades afectadas al ser usadas sin consentimiento por los ciberdelincuentes.
Cuando más de 13 millones de personas han sido víctimas de phishing en los últimos siete años, y cuando sólo en 2024 se registraron millones de fraudes cibernéticos con pérdidas superiores a 20 mil millones de pesos, estamos frente a una amenaza que rebasa la anécdota individual. La delincuencia entendió que la información personal vale dinero y que la ignorancia digital es una puerta abierta al delito. La falta de especialistas es otra brecha que debería encender alarmas. De acuerdo con el estudio reciente presentado por IQSEC, firma especializada en ciberseguridad, en conjunto con la consultora Select, actualmente nuestro país requiere cerca de 83 mil profesionales en ciberseguridad pero, lastimosamente, contamos con apenas unos seis mil capaces de cubrir dicha demanda. En México no hay suficientes perfiles preparados para proteger redes, identidades digitales, aplicaciones, centros de datos e infraestructura crítica. Pero ninguna acción aislada será suficiente ante el crecimiento de los usuarios del ecosistema digital y de la ciberdelincuencia. México necesita una política integral de ciberseguridad que no dependa de esfuerzos dispersos. Se requiere una ley moderna, con atribuciones claras, coordinación entre órdenes de gobierno, obligaciones para actores públicos y privados, protección de datos personales, mecanismos de denuncia accesibles, investigación especializada y sanciones proporcionales al daño. Se precisan instituciones fuertes, con presupuesto, tecnología y talento.
Por ello es que en el Partido Verde hemos planteado propuestas para usar tecnología en la recreación y análisis de datos, prevenir delitos, atenderlos con eficacia y fortalecer la coordinación entre instancias de gobierno. Hemos insistido en la necesidad de contar con una Ley de Ciberseguridad porque los retos actuales ya están rebasando al país. Pero el desafío exige mirar más allá, hace falta una arquitectura nacional que integre inteligencia, prevención, persecución del delito, educación ciudadana, cooperación, capacitación policial y formación especializada.
Frente al avance tecnológico de la delincuencia, México no puede reaccionar tarde. El ciberespacio ya es parte del territorio donde se disputa la seguridad de las personas. Si el país no construye una respuesta integral, el crimen seguirá encontrando ventaja en cada vacío legal, cada institución débil, cada usuario desinformado y cada especialista que falta.