En abril visitó México el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien llamó al gobierno mexicano y a la ciudadanía para que aborden el caso de las desapariciones como tema central que debe ser resuelto. El lunes de esta misma semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rindió su informe, según el cual, hasta agosto de 2025, eran más de 128 mil los desaparecidos en México y, de ellos, la sexta parte son niños y adolescentes menores de 18 años.
Se trata de una tragedia nacional que equipara a nuestra endeble democracia con las peores dictaduras sudamericanas de los años setenta. Por supuesto, la crisis humanitaria, como la llaman pese a su inhumanidad, no afecta en la misma forma a toda la República, pues en sólo tres estados se concentra la tercera parte de las desapariciones: Jalisco posee el sangriento liderazgo, 15 mil 330; le siguen los estados de México, con 14 mil, y Tamaulipas con 13 mil 471.
El informe fue rendido por la vicepresidenta de la citada comisión, quien señaló que, si bien se han documentado casos de connivencia entre criminales y autoridades, la mayoría de las desapariciones son causadas por el crimen organizado, gesto de cortesía de la visitante que mucho debe agradecer el gobierno mexicano.
Sin embargo, bien se sabe que no son pocos los niños, adolescentes y adultos, hombres y mujeres, reclutados por muy diversos medios para servir a la delincuencia en tareas retribuidas económicamente o bien, esclavizados en campos de cultivo o en las instalaciones de procesamiento de drogas, además de los sometidos a labores propias de la criminalidad urbana.
Pero lo más lógico es que a los delincuentes no les preocupe asesinar a sus víctimas y dejar sus cadáveres en cualquier lado. En cambio, quienes tienen alguna autoridad, como policías locales o federales, guardias nacionales o militares, tenderán a ocultar sus excesos, pues no pocos de los detenidos pueden morir durante las sesiones de tortura o simplemente ser asesinados. Por eso, en el sexenio de Luis Echevería echaban al mar, sobre bancos de tiburones, a los detenidos.
Otro dato que muestra la incompetencia de las autoridades es el número de cuerpos no identificados que ronda los 70 mil. Si bien se ha podido avanzar en la recolección del ADN en casos denunciados, gracias a que los familiares denunciantes aportan ropa u objetos de los desaparecidos, lo cierto es que falta mucho para darle eficacia a las medidas adoptadas por la autoridad.
Algo que lastima profundamente la convivencia entre los mexicanos es la impunidad. Si no aparece alguien que fue secuestrado por las mafias o detenido y desaparecido por las corporaciones de seguridad, tenemos derecho a esperar que los culpables sean detenidos, enjuiciados, sentenciados y que cumplan su condena, lo que no parece posible en el país de las complicidades y el disimulo de las autoridades.
Lo que llega a extremos indignantes es que las madres buscadoras no cuenten con un apoyo amplio y decidido de las autoridades. Por el contrario, se ha informado ampliamente que policías, agentes del Ministerio Público y hasta jueces se hacen de la vista gorda, les niegan apoyo elemental, pese que realizan tareas que corresponden a la autoridad; las hostilizan e incluso son asesinadas, con lo cual las buscadoras de hijos, maridos o parientes desaparecidos son convertidas, a su vez, en desaparecidas.
Un ejemplo del desprecio que le merecen al gobierno las víctimas de este desorden lo tuvimos el reciente Día de las Madres, pues la más alta autoridad de la nación hizo un reconocimiento de las madres migrantes, pero no hubo una sola mención de las madres desaparecidas ni de las buscadoras.
Desde luego, debemos pensar que existen cuerpos policiacos que funcionan debidamente, que actúan con honradez, celeridad, interés y eficacia, porque los hay o por lo menos los ha habido. Pero la gran mayoría de esas corporaciones no cuenta con sistemas eficientes para garantizar un desempeño aceptable de sus elementos. Quizá se tenga que empezar por ahí.
Lamentablemente, no se observa mayor interés en reducir en forma drástica la tragedia de las desapariciones. Quizá porque las autoridades prefieren desaparecer ante el inmenso reto que implica ese delito.