Las personas tienen que politizarse, no partidizarse: José Ramón Cossío

José Ramón Cossío: "La reforma judicial no buscó mejorar la justicia; buscó controlar al Poder Judicial" El ministro en retiro de la Suprema Corte presenta Reforma Judicial en México: Origen y consecuencias, un libro donde sostiene que los cambios constitucionales transformaron el equilibrio entre los poderes del Estado sin resolver los problemas reales de acceso a la justicia.

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Cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó, el 5 de febrero de 2024, la iniciativa de reforma judicial, José Ramón Cossío hizo lo que ha hecho durante toda su vida: leer el derecho antes que el discurso político.

La revisó apenas fue presentada. Terminó la lectura con una convicción que hoy ocupa más de trescientas páginas de su nuevo libro Reforma Judicial en México: Origen y consecuencias: México necesitaba una reforma judicial, pero no la que finalmente fue aprobada.

"La leí rápidamente y me pareció, con toda franqueza, un despropósito", recuerda durante esta conversación.

No habla únicamente como un observador externo. Durante quince años integró la Suprema Corte de Justicia de la Nación y antes de ello construyó una larga carrera académica que comenzó en la Universidad Nacional Autónoma de México, continuó con estudios doctorales en la Universidad Complutense de Madrid y lo convirtió en uno de los constitucionalistas más reconocidos del país. Sin embargo, cuando se le pregunta cómo le gustaría ser recordado, no menciona la Corte ni las sentencias que marcaron una época.

"Yo realmente toda la vida pretendí ser académico."

Quizá por eso este libro no pretende convertirse en un alegato político. Busca dejar constancia, casi como una memoria jurídica, del proceso que comenzó con aquella iniciativa presidencial y concluyó con la toma de posesión de los nuevos integrantes del Poder Judicial elegidos mediante voto popular en 2025. Es, explica, un recorrido por las discusiones legislativas, las modificaciones constitucionales y las consecuencias que, a su juicio, ya empiezan a observarse.

Pero detrás de esa reconstrucción histórica aparece una pregunta mucho más profunda.

Si el sistema judicial mexicano sí requería cambios, ¿por qué la reforma no atendió ninguno de los problemas que durante años habían sido ampliamente diagnosticados?

La respuesta constituye el corazón del libro. Una reforma para controlar, no para corregir

José Ramón Cossío no cuestiona que el sistema de justicia tuviera profundas deficiencias. Por el contrario, insiste en que existía un amplio consenso sobre los problemas que arrastraban tanto los tribunales federales como los estatales: lentitud, rezagos, dificultades de acceso para millones de ciudadanos, falta de recursos materiales y enormes desigualdades.

Lo que cuestiona es el objetivo de la reforma.

"Sí hacía falta una reforma. Eso nadie lo discute. Pero no esta"

Tras estudiar durante meses el contenido de la iniciativa, el proceso legislativo y su implementación, llegó a una conclusión que resume en una frase contundente.

"La reforma no buscó resolver los problemas de la justicia. Buscó el control político y el blindaje."

En su opinión, el rediseño constitucional tuvo un propósito distinto al anunciado públicamente: transformar la relación entre el Poder Judicial y el poder político mediante la renovación completa de los juzgadores y la creación de un modelo institucional distinto al que existía desde la transición democrática.

Incluso sostiene que el contexto en el que nació la iniciativa resulta determinante para entender su alcance.

"Mi conclusión es que el presidente buscó quedarse con todos los jueces para incorporarlos a su proyecto político y, además, construir mecanismos de protección frente a los enormes problemas de corrupción que ya enfrentaba su gobierno."

No plantea esa afirmación como una consigna partidista, sino como la conclusión a la que llegó después de revisar cronológicamente cada etapa de la reforma. El riesgo de convertir a los jueces en candidatos

Uno de los capítulos más críticos del libro aborda la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

Para Cossío, la independencia judicial no se pierde únicamente cuando existe presión directa sobre los juzgadores. También comienza a erosionarse desde el momento en que quienes aspiran al cargo necesitan hacer campaña para obtener votos.

"La función de juzgar es una tarea técnica. El juez está para aplicar la ley, no para ofrecer soluciones que no forman parte de sus atribuciones."

Durante el proceso electoral observó candidatos prometiendo resolver problemas de agua, combatir la inseguridad o impulsar la pena de muerte.

Promesas que, recuerda, ningún juez tiene facultades para cumplir.

Ahí encuentra uno de los mayores riesgos del nuevo modelo.

"Cuando un juez necesita convencer a un electorado para llegar al cargo, inevitablemente se establece una relación distinta con quienes después tendrá que juzgar."

A ello suma otro elemento que considera especialmente preocupante: la aparición de los llamados "acordeones", listas de candidatos cuya coincidencia con los resultados finales, afirma, plantea serias dudas sobre la autonomía del proceso.

"Las personas tuvieron que hacer algo para aparecer en esos acordeones. Tuvieron que establecer relaciones políticas. Esa dependencia compromete inevitablemente la independencia del juzgador." El ciudadano será quien pague el costo

Aunque buena parte del debate público se ha concentrado en la integración de la Suprema Corte, José Ramón Cossío insiste en que el verdadero impacto de la reforma se medirá lejos de los reflectores.

Se verá en los tribunales donde millones de personas intentan resolver conflictos cotidianos.

Un despido injustificado.

Una pensión alimenticia.

La custodia de un hijo.

Un contrato de arrendamiento.

Una herencia.

"La gente que menos tiene será la más afectada."

Explica que la reforma no resolvió problemas tan elementales como el rezago de expedientes, la falta de personal, la insuficiencia presupuestal o incluso el desabasto de insumos básicos para el funcionamiento de los juzgados.

Por el contrario, considera que la disminución en la experiencia técnica de los nuevos órganos jurisdiccionales puede traducirse en procedimientos más lentos y decisiones menos consistentes.

Y entonces formula una pregunta que atraviesa toda la conversación.

"¿Dónde va usted a resolver sus problemas?"

No es una pregunta retórica.

Es, para él, el centro mismo de cualquier Estado de derecho.

Porque cuando las personas dejan de confiar en los tribunales, comienzan a buscar otras formas de resolver sus conflictos.

Y eso, advierte, abre espacios para la violencia, la intimidación y la intervención de grupos criminales que sustituyen ilegalmente funciones que únicamente corresponden al Estado. El impacto también alcanzará a la economía

Las consecuencias, sostiene, no serán únicamente jurídicas.

También alcanzarán la economía.

Explica que los inversionistas internacionales analizan múltiples factores antes de decidir dónde colocar su capital y uno de los más importantes es la existencia de tribunales confiables, independientes y técnicamente sólidos.

"Si una empresa no tiene certeza de que podrá defender sus derechos ante un juez imparcial, simplemente buscará otro lugar para invertir."

A su juicio, ese deterioro institucional terminará reflejándose en menores inversiones, mayor incertidumbre y un ambiente menos competitivo para México. El Tribunal de Disciplina

Entre las nuevas instituciones creadas por la reforma hay una que particularmente le preocupa.

El Tribunal de Disciplina Judicial.

Lo define como una figura inédita en el derecho comparado.

"Es una solución extraordinariamente peligrosa."

Su preocupación radica en que contará con amplias facultades para investigar y sancionar juzgadores, sin que existan mecanismos suficientes de revisión judicial sobre sus propias decisiones.

En el peor escenario, advierte, podría convertirse en un órgano capaz de premiar la obediencia y castigar la independencia. ¿Todavía hay razones para el optimismo?

Sorprende que, después de un diagnóstico tan severo, José Ramón Cossío siga definiéndose como optimista.

Sonríe antes de responder.

Dice que esa ha sido siempre su naturaleza.

Sigue escribiendo.

Sigue investigando.

Sigue impartiendo clases.

Sigue convencido de que el deterioro institucional puede revertirse si la sociedad participa activamente en la discusión pública.

Pero hace una precisión.

"No se trata de partidizarse. Se trata de politizarse."

La diferencia, explica, consiste en informarse, asumir posiciones propias y participar en la defensa de las instituciones democráticas sin reducir la discusión al apoyo o rechazo de un partido político. Ser árbitros, no protagonistas

Antes de despedirnos le pregunto qué consejo les daría a los nuevos ministros y jueces.

No habla de ideologías.

No habla de simpatías políticas.

Recurre a una metáfora inesperada.

"Es como el árbitro que dirige la final de un Mundial."

Hace una pausa.

"¿Qué esperamos de un árbitro? Que sea árbitro. Que aplique el reglamento. Que marque las faltas cuando existan y que no invente reglas durante el partido."

Eso mismo, dice, espera de quienes hoy integran el nuevo Poder Judicial.

Que sean jueces.

Nada más.

Y nada menos.